El problema de la vivienda en España ha sido uno de los asuntos más mencionados en la campaña electoral. Y no es para menos, porque la inmensa mayoría de los españoles mira con preocupación y hasta con pavor los precios que últimamente han alcanzado los pisos y casas en nuestro país.
Se propone a menudo la alternativa del alquiler como vía adecuada para que los jóvenes, especialmente, consigan salir de casa de sus padres antes de hacerse viejos. Pero todos sabemos que los precios del alquiler también están fuera del alcance de la mayoría.
Así las cosas, los expertos ya han detectado cierto retraimiento de la demanda a tenor de la elevadísima subida de precios, lo que viene a desmentir las polémicas afirmaciones que en su día expresó el ministro Àlvarez Cascos, cuando dijo que si subían los precios es porque la gente los podía pagar.
Parece ser que ahora ya no, que hay un sector de la población que, sencillamente, se ve obligado a renunciar a la posibilidad de tener un piso en propiedad por no poder asumir el coste. Un coste que tampoco podría mitigarse con nuevas bajadas de los tipos de interés, porque ya están muy bajos, ni con otras condiciones en los préstamos hipotecarios, pues la mayoría de los compradores supera la treintena y sus hipotecas se alargan hasta la edad de la jubilación.
Se calcula que solamente en Palma hay 36.000 pisos vacíos, una barbaridad. Pero las iniciativas municipales para poner en circulación algunas de esas viviendas con incentivos para propietarios e inquilinos se retrasan por problemas burocráticos, a pesar de que se aprobaron en octubre pasado.
La iniciativa de un municipio no basta. Hay que demandar a la Administración las reformas legales pertinentes de cara a agilizar la resolución de los contratos de inquilinato, respetando los derechos de arrendadores y arrendatarios. Es urgente que los dueños de viviendas desocupadas las pongan en alquiler a precios justos, con todas las garantías de la ley y sin abusos por ninguna de las partes.