A lo largo de las últimas semanas en demasiadas ocasiones los ministros de Zapatero se están apuntando a aquello de «donde dije digo, digo Diego» y se desdicen de cuanto habían prometido. Uno de los casos llamativos es el de la responsable de Vivienda, María Antonia Trujillo, que parece dispuesta a darnos un susto detrás de otro. Primero anunció la edificación de 180.000 nuevas viviendas de protección oficial en esta legislatura y poco después puntualizó que no eran tales, sino «actuaciones» en materia de vivienda, para luego volver atrás y dar por buena la primera afirmación.
Esta semana nos sobresaltó asegurando que iba a recortar los beneficios fiscales por compra de vivienda que disfrutamos la inmensa mayoría de las familias españolas, para ampliar las ayudas directas, lo que únicamente beneficiaría a quienes vayan a comprar su casa en el futuro. Ahora da marcha atrás, menos mal. Y aclara que se mantendrán las actuales desgravaciones fiscales -aunque irán menguando a lo largo de los años, sin carácter retroactivo-, y que se añadirán en caso de alquiler, algo que en su día ya existió y luego desapareció. Quizá esta opción incentive los arrendamientos, hoy tan a la baja.
Pero no queda ahí la cosa, porque también se está planteando, a petición de los promotores inmobiliarios, el disparate de aumentar el precio máximo de las Viviendas de Protección Oficial, cuya construcción hoy no resulta rentable. Y afirma que esa subida podría ser superior al 25 por ciento.
Una locura, si lo que se pretende con estas promociones es asegurar el acceso a la vivienda a sectores de la población con rentas bajas, que de ningún modo podrán afrontar esas subidas que ahora se plantean.