Todavía colea la polémica generada por el proyecto de ley contra la violencia de género al considerar algunos que proteger más específicamente a la mujer cuando es víctima vulnera el derecho a la igualdad de los varones. Ahora, sin embargo, la controversia aparece por todo lo contrario, por un intento histórico por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de establecer una igualdad real entre personas con diversas opciones sexuales que a día de hoy ven mermados algunos de sus derechos básicos.
Regular el matrimonio homosexual era una promesa electoral de los socialistas que parece en vías de cumplimiento, lo que ha despertado las iras de la Iglesia católica, y de algunos sectores políticos, que ven en este paso toda clase de males irreparables para la sociedad y la moral que la sostiene.
De hecho, el Gobierno ha tenido que recordar a los representantes de la Conferencia Episcopal que la labor legislativa reside en el Parlamento y que la Iglesia debe limitarse a aconsejar a la comunidad creyente.
Así las cosas, no parece éste el mejor momento en las relaciones entre el Estado y la Iglesia, que habían vivido una etapa especialmente dulce durante los años de mandato popular.
Pero tienen razón los socialistas en defender el cumplimiento estricto del programa electoral, especialmente en un asunto que puede aportar mucha tranquilidad a las personas afectadas y, por contra, pocos o ningún inconveniente al resto de la sociedad. En realidad, facilitar a las parejas homosexuales el cobro de una herencia, el alquiler de un piso o una pensión de viudedad no significa más que dignificar la situación de parejas que, de hecho, ya son como matrimonios.