Cuando Balears consiguió la declaración de servicio público para los vuelos que conectan las Islas entre sí todos creímos que se había cerrado el capítulo de las tomaduras de pelo por parte de algunas compañías aéreas que establecían subidas del precio constantemente y variaban las frecuencias de los vuelos -o los eliminaban- teniendo únicamente en cuenta la rentabilidad de los mismos.
Sin embargo, según estamos viendo, el Gobierno central, encargado de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el convenio, no parecen tener claro en qué consiste, precisamente, un servicio público de este carácter en una comunidad insular.
Para los habitantes de estas Islas, los vuelos interislas suponen algo así como las carreteras, las autopistas, los servicios de autobuses y los trenes de que disfrutan los ciudadanos de cualquiera de las otras autonomías españolas.
Pero aquí nos vemos expuestos continuamente a las decisiones unilaterales y discutibles del Gobierno, que ha vuelto a autorizar la subida del precio de los billetes de avión sin previo aviso y sin contar con la comisión mixta encargada de esos trámites.
Así las cosas, desde el Govern y los consells insulars ya se plantean solicitar una nueva declaración de servicio público con nuevas exigencias que beneficien a los ciudadanos de las Islas, con tarifas máximas de 58 euros en los vuelos y su extensión a los enlaces con la Península.
El principal problema en esta cuestión es, una vez más, la financiación de los servicios que resultan deficitarios, pero si queremos potenciar lo público debe hacerse un esfuerzo mayor. De lo contrario, volverá a primar el baremo de la rentabilidad pura y dura.