Que la Ley está ahí para cumplimiento de todos es una verdad de perogrullo que parece increíble que tengamos que estar recordando continuamente. Porque resulta del todo injustificable que sea la propia Administración la que, en algunos casos, se resista a cumplir con lo que exige la propia normativa legal. Lo que ocurrió ayer en la Costa de los Pinos, donde guardas de seguridad del periodista Pedro J. Ramírez intentaron impedir violentamente el paso por la zona pública a un grupo de políticos mallorquines y a un representante de la soberanía popular -un diputado catalán de ERC en el Parlamento español- es ciertamente grave. Tras los incidentes registrados ayer, deben ser los tribunales quienes determinen quién infringió la ley.
El Gobierno central no puede demorar por más tiempo la publicación en el BOE de la orden ministerial de 2001 y la resolución de junio de 2005 que legalizan y regulan la piscina que ahora usufructúa en exclusiva la familia Ramírez-De la Prada en esa zona del litoral mallorquín, que debería estar accesible para cualquier ciudadano. Una norma, para ser acatada, debe ser conocida y, para ello, publicada. La ministra y el director general de Costas tienen que dejar de hacer interpretaciones verbales y publicar aquello que ordenan. De momento, no consta oficialmente que en esa finca concreta se haya suprimido la servidumbre de paso.
Una dejación por parte de los organismos competentes es la que propicia hechos como los de ayer: que guardas jurados sin ningún tipo de jurisdicción conocida cierren el paso en una zona pública; que una piscina que tiene en teoría el uso público suspendido siga reservada para el disfrute exclusivo de un particular que, además, hace ostentación de ello en las revistas de moda. Esta ineficacia resulta sorprendente cuando fue la misma ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, la que anunció, como objetivo principal de su mandato, «recuperar la costa para todos los ciudadanos». ¿Hay excepciones?