La decisión del Govern de poner en marcha un impuesto para vehículos de alquiler sin conductor ha generado una polémica inesperada a estas alturas de legislatura, ha provocado las protestas de los empresarios y, curiosamente, los únicos en felicitar la decisión del Gabinete autonómico han sido el GOB y Esquerra Unida. Desde el punto de vista político, parece bastante razonable que los coches de alquiler tengan que pagar un impuesto: la presencia de los rent a car en las carreteras de Balears supone un problema añadido para la ya saturada red viaria y es una actividad que esconde otro negocio floreciente como es la venta de vehículos de exportación. Además, la presencia de miles de coches de alquiler en Balears ha provocado otro problema: la ocupación de terrenos rústicos.
Pero ha quedado bastante claro que el Govern se ha equivocado en su estrategia. El nuevo impuesto no ha sido convenientemente consensuado con el sector y se ha producido una polémica de consecuencias impredecibles. El Govern de Matas, que eliminó la ecotasa por ir en contra de la opinión mayoritaria del sector turístico, quiere aplicar ahora un impuesto que no cuenta con el visto bueno de la patronal. La única asociación que la apoyaba ha dado marcha atrás y afirma que se siente engañada. El presidente Matas, acostumbrado hasta ahora a que todo o casi todo le saliera bien -de cara a su electorado- ha cometido un grave error de cálculo. Siguiendo la filosofía del PP, el nuevo impuesto no debería aprobarse nunca, como tampoco tendría que haber entrado en vigor la ecotasa del Govern del Pacte, por falta de consenso social. O, dicho de otro modo, por no contar con el respaldo de los empresarios. El gabinete que preside Matas ha anunciado ya que quiere negociar durante los meses que sean necesarios la letra pequeña del nuevo impuesto. Matas no quiere retirar el impuesto pero parece dispuesto a descafeinarlo hasta que sea aceptable por la patronal. ¿Quedará algo del proyecto inicial? ¿Se podrá finaciar así parte del déficit sanitario?