El martes, el Congreso esperaba la visita del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando, para que detallara ante los representantes de la ciudadanía española la nueva política de cumplimiento de condenas que se está aplicando a los etarras. Pero Hernando no acudió a la cita, alegando que su cargo le impide hacer «valoraciones, entrar en la liza política o poner en peligro la independencia judicial». Curiosa manera de eludir la comparecencia para un altísimo cargo de una de las instituciones más importantes del Estado que, sin embargo, se ha permitido opinar una vez tras otra sobre asuntos polémicos de la política nacional.
Recordemos la controvertida intervención de Hernando sobre el aprendizaje del catalán en Catalunya, que comparó irónicamente con la necesidad de aprender a bailar sevillanas en Andalucía; subrayemos que elaboró, sin que nadie se lo pidiera, un informe del CGPJ sobre la reforma del Estatut catalán y destaquemos también que en su momento justificó la muerte de un joven brasileño en Londres en la lucha contra el terrorismo islámico en Gran Bretaña. Está visto que a Hernando no le supone ningún problema la idea de proclamar sus puntos de vista personales sobre asuntos políticos y por ello sorprende su decisión de «dar plantón» al Parlamento a la hora de explicar algo que a todos nos interesa. La ahora conocida como «doctrina Parot» ha sido, sin duda, positivamente acogida por la mayoría de los españoles, pero a pesar de ello deben puntualizarse las bases jurídicas que sustentan el cambio. Una vez más, se demuestra que los enfrentamientos políticos están a la orden del día en las más altas instancias del poder, perjudicando el correcto funcionamiento de las instituciones.