El tribunal especial designado para juzgar a Sadam Husein y a sus más importantes colaboradores ha condenado al ex dictador iraquí a morir en la horca, en una sentencia que puede resultar ejemplarizante, pero que no puede ser aceptada bajo ningún concepto por países que respetan los derechos humanos. Y así ha sido en el caso de la Unión Europea y de España que se han manifestado en contra de la aplicación de la pena capital.
Es absolutamente cierto que Sadam tiene sobre sus espaldas numerosos crímenes y que debe hacerse justicia, aunque hay que plantear serias dudas sobre las garantías jurídicas en las que se ha desarrollado todo el proceso, con innumerables retrasos, asesinatos de abogados del reo y una situación en el país absolutamente explosiva. No debemos olvidar que Irak se encuentra aún bajo ocupación de tropas extranjeras, lo que es un elemento distorsionador que poco ha contribuido a que cualquier juicio, y mucho menos éste, se desarrolle en unas condiciones, al menos, razonables.
Es cierto que se trata de una cuestión que deben dirimir las autoridades iraquíes, pero tal vez sería necesario que hubiera pasado un tiempo para serenar los ánimos y que todo se hubiera desarrollado de otro modo. Aún en este hipotético caso la pena de muerte es algo que habría que descartar en este y en todos los casos, ya sea en Irak, en China o en los Estados Unidos.
Y es que, además, en el caso que nos ocupa, la ejecución del ex dictador sólo contribuirá a exacerbar aún más los ánimos y a radicalizar los enfrentamientos que, sin necesidad de un motivo semejante, se encuentran al límite. La muerte de Sadam no sería sino un paso más hacia un incremento de la violencia en la zona ya de por sí insostenible.