La manifestación en contra del llamado 'decreto del catalán' -la exigencia de unos conocimientos mínimos de la lengua catalana para los profesionales sanitarios que ejercen en la sanidad pública de Balears-, reunió en la Plaça de Espanya de Palma a unas dos mil personas, convocadas por los principales sindicatos del sector con el apoyo del Partido Popular, cuyos principales dirigentes se sumaron al acto de protesta.
La principal reclamación, de manera sintética, es la consideración del conocimiento del catalán como un mérito y no como un requisito para acceder a una plaza en el IB-Salut. Pero la discusión no debe ser si el conocimiento de la lengua catalana debe ser un mérito o un requisito para ejercer la medicina o la enfermería en Balears. La auténtica cuestión de fondo reside en el derecho que tiene cualquier ciudadano, pacientes incluidos, de las Islas a expresarse y ser atendido en uno de los dos idiomas oficiales de la Comunitat -en este caso el catalán- ante un funcionario público, sea éste médico, bombero o inspector de Hacienda. Los profesionales de la sanidad deberían explicar qué razones les amparan para quedar exentos de esta exigencia que, en su caso, se hace con más que suficientes elementos de racionalidad y sensatez en su aplicación.
En toda esta polémica llama la atención la actitud del PP, que se suma a la protesta contra el 'decreto del catalán' en un intento de obstaculizar la necesaria normalización lingüística del idioma propio de Balears, en todos los ámbitos de la sociedad balear, y buscar réditos políticos aliándose con los sectores más anticatalanistas. Es un error de los conservadores el mantener la cuestión lingüística en el centro del debate político. Lo que deberían hacer es promover un pacte per la llengua con las otras fuerzas políticas para que, de una vez, no se entre en más guerras lingüísticas y se dé cumplimiento al Estatut.