La cúpula del Partido Popular ha respirado tranquila al conocerse la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de archivar el 'caso Gürtel' en la Comunitat. Satisfecho y casi desafiante se mostraba ayer Mariano Rajoy al comentar el final feliz para su amigo Francisco Camps, envuelto en el triste caso de los trajes y otros regalos lujosos.
Ha sorprendido la decisión judicial y se han anunciado ya, por parte de la Fiscalia y del PSOE, recursos ante el Supremo. Sea cual sea el resultado final de este culebrón, lo cierto es que el ciudadano de a pie, que no entiede muchas veces las decisiones judiciales, ha percibido en este caso unos niveles de amiguismo político ciertaente censurables. ¿Alguien cree que los responsables de un Gobierno reciben generosos regalos a cambio de nada? Y aunque así fuera, lo correcto y lo elegante sería no aceptarlos.
Dos de los magistrados -un tercero ha dejado constancia de un voto particular- no ven ninguna relación entre las dádivas y los contratos adjudicados a los presuntos implicados en la trama de corrupción. Quizá sea imposible demostrarlo, pero hay algo indudable: la empresa que hacía estos regalos, Orange Market, era adjudicataria de numerosísimos contratos públicos otorgados por la Generalitat Valenciana. ¿No estaba enterado de ello el presidente?
¿Quién tienen razón: el juez instructor que imputó a Camps y el juez que discrepa de sus compañeros de tribunal, al entender que en el cohecho impropio no se requiere una relación de causalidad, o los dos magistrados que han archivado el caso?
Por el momento, Camps sale airoso, pero quedan muchas dudas en la actuación del presidente valenciano, que nunca ha explicado satisfactoriamente ante la opinión pública quién pagó sus trajes. Ahora será el Tribunal Supremo quien tendrá la última palabra.