El presidente del Consell, Vicent Torres, junto con el PSOE del Consell, se ha quedado solo en su intención de legalizar el alquiler con servicios turísticos en edificios plurifamiliares. Pero este hecho no supone nada nuevo, hace casi un año, en el pleno de la institución el PP se adelantó a pedir que, bajo ningún concepto, se permitiera esta práctica que afectaría la convivencia de vecinos, que agravaría todavía más la problemática de vivienda que sufrimos en Eivissa y que pondría en riesgo nuestro modelo turístico, basado, entre otras cosas, en la renovación de la oferta turística, la calidad, el servicio y la marca de destino.
Nuestra iniciativa salió adelante con la mayoría absoluta del pleno pero el único voto en contra fue el del PSOE. Desde entonces, los diversos municipios, independientemente del color político, también han ido rechazando esta práctica en sus respectivos consistorios. A la vez, la sociedad ibicenca se ha manifestado en el mismo sentido, lo que refleja un sentir general que se muestra favorable a que esta práctica siga prohibida, tal y como establece la Ley de turismo 8/2012.
La actitud del presidente del Consell no es solo el inicio de la rotura de un modelo turístico de éxito, sino que también supone la fractura de un modelo social basado en la separación de usos del suelo.
Hasta el momento, ha sido básica la separación de los usos residencial y turístico en un mismo edificio y, aún así, se han llegado a originar problemas de convivencia, problemas que, con la legalización que pretende Torres, se multiplicarán.
En los últimos meses hemos visto como el propio equipo de gobierno ha reconocido nulos avances en determinados departamentos y a consellers asegurando haber «pecado de ingenuidad», pero ninguno de ellos ha salido a defender lo que realmente nos toca a los ibicencos: ni el porcentaje de la ecotasa, ni la prohibición de los pisos turísticos, ni reclamar los más de 500.000 euros para la promoción turística que nos tocaban este año, ni a reclamar que nos devuelvan el más de 1.1 millones de euros que el Govern nos ha quitado en los presupuestos de 2017.
Son muchas las incógnitas que se desvelan de este nuevo proyecto de reforma de la ley turística. ¿Cuantas plazas más se autorizarán? ¿Cuál es el techo de plazas en la isla si ni tan solo han hecho ni un solo informe que pueda apoyar éste criterio? ¿A qué precio pondrán estas plazas turísticas? ¿Con qué criterio se asignarán a los peticionarios?
Todo sin olvidar el grave problema habitacional que tiene nuestra isla, que esta nueva reforma de la ley turística, sólo llega para agravarlo, favorecer la especulación, la subida de precios de los plurifamiliares tanto en compra como alquiler, y a un uso intensivo y no calculado de los recursos de las zonas residenciales.
Por este motivo, si instituciones, sociedad y patronal se han pronunciado rotundamente en contra de los servicios y plazas turísticas en plurifamiliares, resulta incomprensible que el presidente del Consell siga empeñado en llevar la contraria a todo aquello que se supone que defiende y representa, con el único argumento de “como los hay, hay que legalizarlos”. Entonces, ¿debemos legalizar también los taxis pirata por el simple hecho de que los hay? ¿debemos legalizar la venta ambulante por el simple hecho de que la hay?
¿Debemos legalizar la prostitución por el simple hecho de que la hay? Sería conveniente que el presidente del Consell recordara que es Eivissa a quien ha de rendir cuentas y no al Govern de Armengol como nos tiene acostumbrados, sería conveniente también que dejara de remar en contra de las demandas y los intereses de nuestra isla. Porque cuando nos hayamos cargado nuestro modelo y todo lo que ello significa para las familias de Eivissa ya será muy tarde para darle la culpa a la ingenuidad.
Pero una vez más, ante cualquier iniciativa que llegue al pleno del Consell Insular para la legalización de la prestación de servicios turísticos en plurifamiliares, el Partido Popular votará en contra, porque nosotros sí tenemos claras nuestras prioridades.