Las principales claves que imponen una protección del Mediterráneo son muy fáciles de entender: Porque el mar Mediterráneo es codiciado por muchos operadores que esperan poder explotar sus recursos geológicos como gas y petróleo; porque es uno de los mares más diversificados del mundo desde el punto de vista de las especies presentes con 6% de la totalidad de las especies mundiales presentes en menos de 1% de la superficie total de mares y océanos y donde 63% de peces y 60% de mamíferos marinos se encuentran amenazados; porque más de 30% del turismo mundial se concentra en el mar Mediterráneo generando más de 200 millardos de euros en ingresos anuales y, finalmente, porque desde hace varios decenios el mar Mediterráneo conoce una inquietante presión sobre sus recursos naturales por el crecimiento de su población, sobre-explotación del agua dulce, sobre pesca, polución, tráfico marítimo, especies introducidas o invasoras, desarrollo incontrolado de las costas y turismo.
Mientras que organismos como la Comisión de medio ambiente del Parlamento Europeo toman resoluciones como la de someter la polución acústica submarina provocada por la explotación petrolífera a una evaluación de las incidencias sobre el medio ambiente, y se adoptan medidas legales como la Directiva sobre la evaluación de las incidencias sobre el medio ambiente o, en el Parlament Balear y con la unanimidad de todos los partidos, se vota la toma en consideración de la proposición de ley para la protección del Mediterráneo bajo jurisdicción española por los daños que pueda producir la exploración, búsqueda y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales, el Gobierno de España se permite vetar cualquier disposición en este sentido aduciendo el «impacto en la recaudación fiscal» derivado de «la disminución de ingresos procedentes del impuesto y la tasa que gravan actualmente estas actividades y que de este modo dejarían de ingresarse» así como el impacto derivado de «indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de la administración», puesto que, según defiende el gobierno del PP, «la aprobación de la Proposición de Ley produciría un aumento en el estado de gastos debido a la exigencia de responsabilidad patrimonial por los titulares actuales de permisos de investigación exploración y explotación de hidrocarburos».
En este sentido, los diputados de C's Fernando Navarro y Toni Cantó han registrado cuatro preguntas al gobierno central liderado por Mariano Rajoy con el fin de obtener información detallada sobre las excusas esgrimidas para oponerse a la iniciativa aprobada por el Parlament Balear. En concreto, Fernando Navarro y Toni Cantó y piden que se indique (1) cuáles son las concesiones de explotación de hidrocarburos que se encuentran vigentes y que se verían afectadas por la Proposición de Ley; (2) cual es el plazo de vigencia de cada una de estas concesiones; (3) si alguna de estas concesiones tiene derecho a prórroga y, en caso afirmativo, cual es el plazo de cada una incluyendo la prórroga y (4) si el gobierno tiene estimaciones de la potencial exigencia de responsabilidad patrimonial por los titulares actuales de las concesiones en el área objeto de la proposición de Ley.
La diputada de C's Baleares, Olga Ballester, ha explicado que el Mar Mediterráneo necesita una protección singular por sus características al ser un mar pequeño, semicerrado y poco profundo que, además, está sometido a una gran presión por la actividad económica de los países a los que baña, que el método de exploración más utilizado para una prospección genera contaminación acústica que afecta a todas las especies marinas y que no es coherente permitir la exploración sabiendo que no existe ninguna forma segura de extraer petróleo en aguas marinas.
Referente a las falsas críticas que han surgido en algunos sectores por un supuesto apoyo de C's al veto presentado por el gobierno, hay que dejar muy claro que el Gobierno tiene la capacidad que le otorga la Constitución de vetar iniciativas legislativas que suponen modificación del presupuesto o disminución de ingresos. El poder legislativo no puede anular esa prerrogativa que posee el poder ejecutivo y que le otorga la Constitución. Si la Mesa se opone a que el Gobierno ejerza esa facultad de veto, su decisión sería en breve tumbada por el Tribunal Constitucional, quedando la tramitación de la proposición de ley anulada. Un bucle que nos retorna a la situación inicial.
Cabe terminar reiterando que en C's trabajamos por un compromiso político para lograr un Mediterráneo libre de hidrocarburos, así como un modelo energético sostenible. Los proyectos de prospecciones petrolíferas ponen en riesgo el equilibrio ecológico, así como nuestros principales sectores productivos.