Parafraseando a Gómez Dávila, puede decirse que el independentismo catalán no decepciona nunca al aficionado a lo ridículo; lo ha demostrado sobradamente a lo largo de su historia pero últimamente lo ha superado con esa idependentia interrupta con generosa apelación al diálogo que es como decir «te robo la cartera pero te ofrezco negociar la devolución de tus fotos de familia y la calderilla». No se puede ser más patético, a menos que nos fijemos en la reacción de su hipotético interlocutor, el estafermo de la Moncloa, quien, en un manejo magistral de los tiempos pasados que ya no volverán, ha exigido por escrito al ladrón que le diga si le ha robado o no la cartera que ya no tiene en su poder. Se necesitaría un Valle-Inclán para narrar tanta estulticia. Tengo, pues, auténtica curiosidad por saber si el Presidente de la Comunidad autónoma de Cataluña responderá al requerimiento y, de ser así, en qué términos lo hará: «declaré la independencia, pero era broma», «la declaré por imperativo legal de una ley ilegal» o «la declaré para ver cómo reaccionaría usted y actuar luego en consecuencia». Aunque tal vez la mejor respuesta a tan inane pregunta sería «A quién va Vd. a creer, ¿a mí o a sus propios ojos?», evocando a Groucho Marx.
Cualquier jurado tendría enormes dificultades para elegir al tonto español del año, pero creo que Puigdemont estaría entre los numerosos finalistas que pululan por el ruedo ibérico empeñados en conseguir el preciado gallardón, entre ellos varios miembros del Gobierno de la Nación.
El artículo 37 de la Constitución de la RFA establece que «si un Land deja de cumplir las obligaciones que esta Constitución u otras leyes federales le imponen, el Gobierno federal, con la aprobación del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligarle a cumplirlos por la fuerza». Como puede comprobarse, no se exige el previo requerimiento al Presidente de la Comunidad autónoma, lo que sí exige el artículo 155 de nuestra Constitución. El efectuado al Presidente de la Comunidad autónoma de Cataluña constituye un nuevo episodio de la ópera bufa a la que nos van acostumbrando politiquillos de medio pelo con la inestimable ayuda de politiquillas de pelo largo o flequillo esculpido al hacha de sílex. Una de ellas, presidenta del Parlamento, hace borrar el término «falangista» del Diario de Sesiones sin percatarse de que Falange española y de las JONS es un partido legal inscrito como tal en el Ministerio del Interior. No logro colegir qué se le pudo pasar por la cabeza a la tan elogiada señora Pastor.