Ha sido muy curioso detectar interpretaciones tan contradictorias del discurso de Roger Torrent (ERC) como nuevo presidente de la Mesa del Parlament constituido el miércoles pasado. Para unos amenazante y para otros conciliador. Buena señal. Decae la usualmente pesimista unanimidad sobre el futuro de Cataluña frente al obstinado empeño en el pulso al Estado.
El solo hecho de que gran parte de las reacciones destaquen la mesura de Torrent ya es alentador. Saludemos sus llamamientos a la conciliación y el retorno a la normalidad institucional.
No parece una puesta en escena poco creíble, tratándose de un dirigente conocido por su radicalidad. Si lo fuera, el líder de la CUP, Carles Riera, no habría tenido tanta prisa en criticarlo por «autonomista», por ignorar el mandato del 1-O (referéndum ilegal sobre) y por olvidarse de que se ha proclamado la república independiente de Cataluña.
Es muy relevante esta reacción de la CUP, que fue una muleta del «procès» y anuncia que dejará de serlo si no se cumple el mandato democrático de avanzar en la construcción de dicha república. Por supuesto, por la vía de la desobediencia y la unilateralidad. Como hasta ahora. Lo cual ha desembocado en la apertura de causas judiciales contra 18 de los 70 diputados independentistas, que inician la legislatura expuestos a la cárcel o la inhabilitación. De ellos, 3 encarcelados y 5 huidos de la Justicia.
Sin olvidar que la Generalitat está intervenida por el Gobierno en aplicación del articulo 155, cuya vigencia se prolongaría si las dos primeras fuerzas independentistas, ERC y PdeCat, volvieran a encamarse con la CUP. No es el caso. Las señales apuntan a los «comunes» de Doménech y Colau como nuevos costaleros del independentismo.
Al menos es garantía de que la unilateralidad y el desprecio a las leyes van a desaparecer de la hoja de ruta del independentismo. Por la cuenta que les trae a los encausados judicialmente. Quieren recuperar el poder, pero sin tener encima el 155 y sin pasar por la cárcel. Doctrina compartida por los líderes nacionalistas, Marta Pascal y Oriol Junqueras, aunque de momento son rehenes de las averiadas pretensiones de Puigdemont respecto a una presunta investidura a distancia o por persona interpuesta.
Es el punto de bloqueo en todas las quinielas frente a la pregunta de si Junqueras y Pascal están dispuestos a desafiar la legalidad vigente hasta el punto de forzar una nueva reacción del Estado. Mi apuesta es que no.
Hasta las flores de las Ramblas saben que Junqueras, ahora entre rejas, no quiere a Puigdemont en la presidencia de la Generalitat. Y Pascal, como un amplio sector de su partido, tampoco está por la labor de promover una modificación del reglamento para que aquel pueda ser investido por plasma.