En términos de poder, pocas encomiendas hay en este mundo tan hinchadas de «grandeur», pompa y circunstancia como la que rodea a los presidentes de Francia. Presidir la República es a lo más que puede llegar un ciudadano francés. No puede aspirar a más porque nada hay más alto. Pero Francia es una democracia, la ley es igual para todos y nadie está por encima de la ley.
Por eso hemos visto ya a más de un ex presidente (Giscard d'Estaing, Jacques Chirac) sentado en el banquillo de los acusados. Procesados por corrupción. El último, de ahí, la noticia que da la vuelta al mundo, es Nicolás Sarkozy.
Detenido en una comisaría de Nanterre (París) e interrogado por la policía sobre la supuesta financiación ilegal de la campaña presidencial de 2007 en la que resultó elegido. La acusación apareja un trasfondo inquietante pues los fondos (cinco millones de euros) presuntamente recibidos habrían sido librados por el presidente de Libia, Mohamar el Gadafi. El estrafalario coronel que cuatro años después acabó derrocado y muerto a resultas de una guerra en la que París y Londres (Sarkoy y James Cameron) intervinieron militarmente apoyando a una de las facciones rebeldes al Gobierno de Trípoli. La caída de Gadafi y la desestabilización de Libia está en el origen de los problemas que en Europa se asocian con la llegada de miles de emigrantes ilegales que proceden de África.
Para los acusadores de Sarkozy, la intervención militar de Francia en el conflicto libio habría tenido la tortuosa intención de borrar las huellas del dinero presuntamente recibido para financiar la campaña electoral del 2007.
Sea cual sea el desenlace del procedimiento judicial abierto contra él, es mucho el daño que este asunto inflige tanto al ex presidente de Francia como a la propia institución.
Al tratarse de un caso de financiación ilegal de un partido político, el asunto incorpora un eco que a los españoles nos resulta familiar. Salvando las distancias, también aquí hemos visto sentado en el banquillo, investigado por la presunta financiación ilegal de su partido, a un presidente de Gobierno. Mariano Rajoy salió indemne de aquella instancia, pero en otros sumarios sigue abierta la causa judicial por casos de corrupción relacionados con la presunta financiación ilegal del PP. Lógicamente preocupado por el «horizonte penal» que se adivinaba tras la publicación de informaciones que le señalaban en este feo asunto, en 2016 Nicolás Sarkozy intentó, definitivamente sin éxito, recuperar el liderazgo de su partido. Buscaba el muro protector que apareja el poder. Pero no lo consiguió. Como los náufragos, los casos mal cerrados siempre vuelven a la superficie.