El director de la flamante Oficina Anticorrupción de Balears, Jaume Far, ha salido rana y tiene criterio propio. ¡Qué decepción! Ahora se comprende mejor lo difícil que resultó que los partidos del Pacte (PSIB, Més y Podem) se pusieran de acuerdo en quién debía ostentar un cargo tan delicado, tras la negativa del juez José Castro, emblema de la lucha contra la corrupción (del PP, cabe matizar), lo que le llevó a ser distinguido por aquellos a quienes nunca ha investigado con el Premio Ramón Llull 2018. Y a hacer chistes al recoger la distinción en el Teatre Principal. Llegó a pedir que si algún día se asumen las competencias de justicia (Dios no quiera nunca que tal desgracia acontezca), «se parezca en lo justo a la que tenemos ahora». Como si la justicia en las comunidades autónomas que la tienen transferida funcionase mejor que en las que no la gestionan. Más rubor causa aún las expresiones de adhesión a Castro, como si de fans de Madonna se tratara, de ciertas políticas del Govern, que a buen seguro tendrían otra opinión si hubieran sido ellas las imputadas durante años para luego retirar los cargos como si nada.
Pero volvamos a Far. Se han mosqueado quienes le propusieron y le nombraron porque el hombre se entretiene en poner en marcha una serie de registros y ficheros informáticos sin contar con el Govern, extralimitándose en sus funciones. Vamos, que va por libre, cosa intolerable porque a ver si la Oficina Anticorrupción se va a poner ahora a investigar lo que nadie le manda investigar. ¡Habrase visto! Se ha puesto en marcha este tinglado para que él haga lo que se le mande y nada más. Aquí de lo que se trata es de investigar al PP, para qué andarse por las ramas. Él tiene que hacer como hace ahora la Abogacía de la Comunidad y si quiere ir por libre, que le pregunte a Lluís Segura las consecuencias de tal atrevimiento. ¡Si es que no se puede tener criterio propio!
El incorruptible Jaume Far sabe que los casos de corrupción los investiga la Fiscalía y que a él le corresponde controlar son, por ejemplo, las incompatibilidades. Vamos, que un político cuando vuelva al sector privado, no se ponga a trabajar en una empresa que él benefició. Pero esto no es lo que interesa al Pacte. Donde haya un buen caso del PP, que se quite Jaume Garau o el caso ‘Sa Nostra' que mantiene imputado nada menos que al portavoz del Grup Parlamentari Socialista, Andreu Alcover, sin que nadie se escandalice por ello.