Asistí a muchos plenos del Parlament donde los dirigentes del segundo Pacto de Progrés daban por hecho que no pasaría nada con el decreto 4/2008 y que los juzgados no dictaminarían que los propietarios de terrenos que serían protegidos por decreto no tendrían derecho a compensaciones millonarias.
Diez años después, el Govern ha tenido que pedir un crédito de 142 millones para pagar multas a promotores, de los cuales más de 100 corresponden a Punta Pedrera. Antich y compañía no solamente arruinaron las arcas autonómicas en el periodo 2007-2011, dejando miles de facturas sin pagar al siguiente gobierno, y que dieron pie a los recortes posteriores, sino que han conseguido hipotecar el futuro de los próximos años. Porque con 100 millones se podrían hacer muchas obras en Ibiza, mejorar carreteras, construir colegios, centros de salud, adecentar las calles para que no se llenen de mierda y de ratas cuando llueve, y rediseñar las pluviales para evitar las habituales inundaciones.
Si Antich y compañía trabajasen en la empresa privada ya haría tiempo que estarían despedidos por incompetentes. Sorprende que este desatino no indigne a nadie, que el responsable siga en su puesto de senador para intentar llegar hasta la jubilación, que sus compañeros le protejan, y que el actual Govern pida un préstamo sin apelar a la siempre recurrente herencia recibida.
Se tiene que proteger, por supuesto, pero no a cualquier precio. Antes de proteger se debe planificar mejor, analizar pros y contras, y no improvisar a golpe de titular de prensa, que es lo que realmente interesa. Porque lo que ha ocurrido se advirtió en muchas ocasiones, pero les daba igual porque no pagarían ellos.
Si los gobernantes tuviesen que asumir sus errores a título personal, de su propio bolsillo, seguro que actuarían de otro modo, pero lamentablemente no será la última indemnización. Y seguirán protegiendo sin ton ni son.
Total, pagan ustedes.