El pasado verano se cerraron las oficinas de correos de Sant Llorenç y Portinatx. Dos pequeños rincones en los que los vecinos podían recoger y enviar correo cerca de sus domicilios. Para muchas personas mayores que viven en el campo era el único modo razonable de recibir correo.
El servicio ya era escaso. Un empleado de Correos se acercaba a ambas oficinas una hora a la semana. Poco más que nada. Pero el Ayuntamiento de Sant Joan luchó por que se mantuviera, e invirtió en la construcción de las dos oficinas con el presupuesto municipal. Finalmente desde Correos decidieron que no era económicamente viable enviar a un empleado allí.
Los vecinos de ambos pueblos tienen que ir ahora hasta Santa Eulària a por sus cartas y paquetes. La huelga de Correos de ayer tiene una motivación económica, pero también social. La falta de personal y la precariedad de la plantilla dificultan que se ofrezca como debería el servicio postal universal. Un servicio protegido por Ley, que garantiza que todos podamos enviar y recibir cartas y paquetes «a un precio asequible».
Ese servicio debe ser «continuado, salvo causa de fuerza mayor» y «adaptado a las necesidades de los usuarios». Las personas al frente de las empresas públicas deberían ser conscientes de que todas sus decisiones no pueden tomarse con criterios de rentabilidad. Desde luego que se debe hacer una buena gestión del presupuesto que manejan, pero su labor es social.
Y por ello a veces se tienen que ofrecer servicios que no son rentables, pero que son necesarios. Porque estamos hablando al final de un recorte de derechos, que puede que a usted o a mí no nos afecten directamente, pero que se lo expliquen a la señora o el señor de Sant Llorenç que tiene que enviar a sus hijos a recogerle el correo a Santa Eulària. Mala suerte, malas cartas.