Si en la política balear hubiera algo de decencia, un personaje como Aligi Molina no ocuparía un cargo público como concejal de Igualdad del equipo de gobierno de Palma.
Pero hemos llegado al punto de desvergüenza y de cinismo tal, como para que este sujeto se permita el lujo de exigir a un edil, Álvaro Gijón, que probablemente será juzgado vete tú a saber cuándo, que entregue su acta de concejal. Él, que es un delincuente convicto, esto es juzgado, condenado y una vez revisada la condena por la Audiencia Provincial, confirmada plenamente.
No por llevar a cabo una protesta pacífica contra los recortes del PP, como él dijo falsamente en el pleno del jueves (cosa que por sí sola sería suficiente como para lagarse de la vida pública, porque alguien que con semejante desparpajo miente en el plenario de la ciudad de la que es edil, imagínate lo que hará en privado), sino por asaltar a la fuerza el despacho del conseller de un Govern legítimo y democrático.
Molina quiere que Gijón no vuelva nunca más a Cort porque va a ser juzgado, olvidando que hasta que no sea condenado goza de la presunción de inocencia que brinda a todo acusado la Constitución y las leyes. ¿Puede él decir lo mismo? No. Él no es inocente, sino que bien probada está su participación en la comisión de un delito por el que fue condenado a pagar una multa que, además, se negó a pagar.
Tuvo que ser el juzgado quien ordenase embargar su nómina, la del Ayuntamiento para mayor escarnio de la institución que le acoge. Este es quien le reclama a Gijón el acta de concejal. Sin haber sido juzgado ni condenado. Que se lo pida cualquier otro edil entra dentro de la lógica previsible. Pero que lo haga Aligi Molina demuestra que se ha superado todo recato y toda vergüenza.
Gijón haría bien en dimitir de sus cargos. Pero no porque se lo pida un delincuente que jamás ha aceptado el fallo del tribunal, ni ha reconocido los hechos, ni se ha arrepentido de lo que hizo, ni ha pedido perdón por infringir la Ley. Haría bien en dimitir para preservar la dignidad de las instituciones en las que él ocupa un cargo de representación ciudadana.
No entro ya en presumirle inocente, como le presume toda persona que respete el Estado de Derecho. Se trata de evitar la imagen de un diputado autonómico y un concejal que además fue teniente de alcalde de Palma, sentado en el banquillo de los acusados. Que se siente Álvaro Gijón, sin cargos que le adornen.