Mi abuela tiene un médico de cabecera con el que está muy contenta. Ella tiene 94 años y siempre ha vivido en el campo. En casa se habla catalán y ella, aunque sabe hablar bien castellano, lo habla muy de vez en cuando. El médico no habla catalán, pero lo entiende. Llegó a la isla hace ya más de 10 años. Mi abuela está encantada con este médico. La atención que recibe es excelente. En alguna ocasión incluso se ha desplazado a atender a mi abuela a domicilio, dado que ella es muy tozuda y normalmente no quiere ir al hospital.
Es un médico de vocación que, por lo que parece, se desvive por sus pacientes. Pues bien, lleva un tiempo diciendo que se está planteando irse de Balears. El decreto 8/2018 de capacitación lingüística del personal estatutario del Servicio de Salud de las Illes Balears, le obliga a acreditar su nivel de catalán en cualquier proceso para mejorar o modificar su situación profesional. Lo mismo le pasa a la cardióloga de mi tía, excelente en su campo, pero que no habla catalán. El CSIF informó el martes de que había decidido recurrir este decreto, que bloquea «de manera ilegal el derecho a la Carrera Profesional y a la Movilidad Voluntaria». La lengua debe considerarse como un mérito que sume, pero no reste, valor a la calidad asistencial de la Sanidad Pública. Estos dos profesionales de la sanidad que comentaba se plantean irse, pero otros no se pueden ni plantear venir. No tienen el nivel de catalán. Y no andamos precisamente sobrados de médicos como para ponernos así de exquisitos. Seamos sensatos. Desde luego que hay que cuidar la lengua catalana y fomentar su uso. Es una de las riquezas que tenemos. Pero cuidarla no significa imponerla en todos los ámbitos. Y menos cuando eso empeora la atención sanitaria a mi abuela. O a la suya.