Más de un mes ha necesitado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears, Antoni Terrasa, en visitar Ibiza para comprobar el efecto del cierre del edificio de los juzgados. Tras él también la delegada del Gobierno, Rosario Sánchez, ha considerado oportuno que era el momento de ver la situación tercermundista en la que convive el mundo judicial en las islas.
Es difícil de explicar que los principales responsables de las infraestructuras judiciales de Ibiza hayan necesitado tanto tiempo para ver cómo trabajan funcionarios y abogados tras el cierre obligado de los juzgados.
No se puede acusar a Terrasa y Sánchez de ser los responsables del estado tercermundista de la justicia ibicenca, pero no tiene justificación alguna su desinterés en comprobar directamente las consecuencias del cierre del edificio judicial. Tenían que haber venido el mismo día, no un mes después.
A nadie le puede sorprender el escaso interés de los políticos por la justicia. Cualquiera que visite los juzgados consigue realizar un viaje en el tiempo, como si nos trasladásemos a la década de los 70 u 80. Si los protagonistas de ‘Cuéntame' quieren realizar un capítulo sobre juzgados, que no gasten ni un euro en decorados vintage. Basta que vengan a Ibiza, y también a Mallorca, donde no se crean que la situación es mucho mejor.
Hace aproximadamente 20 años, cuando se celebraban los primeros juicios con jurado popular, el entonces presidente del TSJB, Ángel Reigosa, discrepó del nuevo sistema y dijo a los periodistas: «Antes que empezar a utilizar jurados populares hay que arreglar las dependencias judiciales, que parecen pocilgas», dijo. Y así seguimos dos décadas después.
Sepan que la administración autonómica nunca ha tenido el más mínimo interés en asumir las competencias judiciales, como sí tienen otras comunidades autónomas. Como no da votos, no han movido ni un dedo para mejorar la administración de Justicia. Y la lista de responsables es larguísima.