El esperado y necesario nuevo PGOU de Vila, pasó recientemente el pertinente trámite de informe de la Comisión Balear de Medio Ambiente, paso imprescindible para su posterior aprobación definitiva. El citado informe fue positivo, si bien con determinadas prescripciones; como es la imposibilidad del menor crecimiento, debido a la alarmante falta de agua para atenderlo debidamente.
Esta escasez no solo afecta a los posibles crecimientos residenciales, si no que ademas puede condicionar proyectos de infraestructuras destinados a dar cobertura a diversos servicios. El posible desarrollo de cualquier tipo de planificación urbanística, se ve claramente afectado y condicionado por la mencionada prescripción de la Comisión Balear de Medio Ambiente.
Partiendo de este planteamiento previo, cabe señalar la complicación de una pronta y eficiente planificación urbanística y territorial, por parte de los ayuntamientos y del Consell Insular, cuando la misma depende de decisiones, programas y presupuestos de otra administración distinta a las dos anteriores, en este caso el Govern balear que es quien tiene las competencias en materia de aguas en nuestra Comunidad Autónoma.
Al hilo de esta realidad, cabe recordar que seguimos esperando el traspaso de la gestión integral del agua al Consell Insular, ya que la misma sigue en manos del Govern. Y vale la pena recalcar lo de «integral», ya que no se trata de negociar el traspaso de alguna de las áreas de la mencionada gestión. Debe englobarse toda la gestión en dicho traspaso; la producción de las diversas plantas potabilizadoras, las plantas depuradoras, la distribución del agua potable en alta, el cobro de los cánones correspondientes y la inversión de lo recaudado. Por supuesto que ello debería llevarnos a la creación de un órgano insular de gestión del agua. Esa gestión insular ha de permitirnos hacer frente de forma más rápida y eficiente a cualquier problema que pueda surgir en el entorno del agua en nuestra isla, así como velar por el mantenimiento de todas las instalaciones y el correcto funcionamiento de la producción, depuración y distribución.
Ya no caben excusas de ningún tipo a la hora de pretender argumentar que el mencionado traspaso no se haya producido en esta legislatura. Cuatro años deberían ser más que suficientes para negociar todo lo que fuera necesario para cumplir con un compromiso así, y con toda seguridad la clave esta en la voluntad política.
Es este un tema central para el presente y el futuro de nuestra isla y a las pruebas me remito; los recursos hídricos subterráneos de la isla, se han ido reduciendo por sobreexplotación, eso hizo necesarias las plantas desalinizadoras y estas han tenido que suplir esa escasez de nuestro subsuelo. Baste recordar los problemas de tramitación, interconexión y gestión, para conseguir coordinar las tres plantas existentes con el fin de obtener el mejor resultado para Eivissa.
Qué decir de los problemas provocados durante años por las depuradoras de las islas y las dificultades para que tuvieran un correcto mantenimiento, lo que acabó provocando complicadas situaciones con los emisarios. Y como he empezado recalcando al principio del articulo, los problemas con el urbanismo y la gestión territorial, que una deficiente gestión han venido provocando.
Una gestión insular de nuestros recursos hídricos y una gestión más próxima de los mismos, seguro que minimizará la problemática; pero para ello es preciso comprometerse con ese objetivo y por supuesto cumplirlo sin más excusas ni retrasos.