Mientras en Palma se define el poder de los próximos años, con un PSOE en su mejor momento histórico y veinte diputados, la situación de los socialistas ibicencos sigue provocando vergüenza ajena, sin que ningún dirigente se escandalice ni, evidentemente, los que reparten carnés de demócratas se inmuten. Resulta ahora que en Sant Antoni de Portmany, el PSOE gobernó los últimos meses de legislatura con una tránsfuga del PI, infringiendo así el pacto antitransfuguismo firmado por todos los partidos políticos. Por si no fuera poco, la edil tránsfuga se incorporó a las listas socialistas del municipio, aunque de poco sirvió porque perdieron las elecciones. Como ahora el PSOE necesitaba otra vez al PI, la dirección insular anunció que si hacía falta prescindir de la tránsfuga, se la sacrificaba sin problemas. En el mismo municipio, los socialistas han defendido hasta el último momento a otra edil, Aída Alcaraz, que en breve se sentará en el banquillo por acoso laboral.
Pero, sin duda, el mayor escándalo se ha producido en la capital ibicenca, donde los pactos entre PSOE y Podemos los ha dirigido Alfonso Molina, quien tuvo que dimitir hace algo más de un año cuando se descubrió que la Conselleria de Treball le había reclamado 27.000 euros de unas subvenciones por unos cursos de formación a parados que se tramitaron de forma irregular. En lugar de apartar al concejal, como hubiera sido lógico, el PSOE ha confiado en él para diseñar el futuro pacto poselectoral, la portavoz Pilar Costa se hizo selfies con Molina durante la noche electoral y no descarten que acabe con un cargo público pese a su evidente incapacidad para gestionar el dinero público, el de todos. Sin duda, el PSOE tiene dos niveles de ética: el que utilizan ellos y el que deben aplicar a los partidos rivales. Y aún sacan pecho.