Mucho ruido y pocas nueces, ese es el resumen de la puesta en marcha de la regulación de entrada de vehículos en Formentera en este verano electoral.
Si se quería aprobar una medida, la que fuese, antes de las elecciones de mayo, que parase el descrédito de GxF por sus 12 años de gobierno en la isla y que tuviese impacto en la opinión pública sin importar los resultados, unos resultados que en todo caso llegarían después de elecciones, se consiguió el propósito.
Si lo que queríamos el resto, oposición y entidades sociales, era una medida bien implantada, que se auto financiase, redujese el uso del vehículo privado y aumentase el uso del transporte público, ese objetivo no se ha conseguido.
Formentera ha sido pionera en crear una ley para regular la entrada de vehículos a la isla en temporada alta, pero con ello ¿realmente se ha disminuido la saturación de las carreteras de la isla tal y como pedían los formenterenses?
Se puso en marcha esta medida para responder a la demanda de la sociedad de la isla y así reducir el elevado riesgo de saturación y congestión de las carreteras que, según estudios realizados en años anteriores, podía ir en aumento. De este modo, el anterior gobierno de mayoría de GxF, decidió fijar como límite la cantidad de vehículos que habían visitado la isla y circulado por ella, así no crecería más el tráfico.
Pero verán, como ya fuimos avisando meses atrás desde Sa Unió, la regulación contempla unos cupos de vehículos sacados de los resultados arrojados por unos estudios que de hicieron en temporadas anteriores e hinchados al alza. La cantidad de vehículos visitantes de Ibiza u otros lugares, según un estudio en 2018, fueron 2613 entre coches y motos, y el cupo fijado entre los dos tipos de vehículos ha sido 2750. Del mismo modo, el cupo de vehículos de alquiler es de 9700 coches y motos, cuando las cifras del estudio contemplaba 2492 coches y unas 6500 motos de alquiler. El Consell fijó un cupo máximo de 22000 vehículos diarios entre coches y motos de residentes o no residentes y de vehículos pesados, transporte público, y demás vehículos de tracción mecánica.
Según ha informado el Consell recientemente, de los datos registrados entre todos los tipos de vehículos de tracción mecánica permitidos a circular por las carreteras de Formentera, se obtiene una media diaria de 20.595 vehículos durante los meses de julio y agosto. De entre todos los datos registrados cabe destacar la cantidad media diaria de vehículos de alquiler que ha sido 9276, superando los datos registrados en los estudios y no alcanzando el límite del cupo fijado.
Tampoco se entiende que con estos datos que da el Consell, la autoridad Portuaria diga que este verano han llegado un 2% más de vehículos, estos han supuesto una media diaria de 1625, unos 1000 vehículos menos que los contabilizados en los estudios que contemplan lo registrado por la APB en 2018, datos lejanos al cupo que se fijó. Tanto baile de números desconcierta mucho, ¿qué hay de cierto en todo? Y a los registros facilitados me remito, no se ha llegado al límite fijado por el cupo, ahora bien, ¿esto por qué ha sucedido?
La entrada en vigor de la regulación de vehículos se hizo deprisa y corriendo, a las puertas del verano, y esto creó alarma entre los turistas que nos iban a visitar, ¿cuántos amigos tienen que han dejado de venir por desconocer cómo funcionaba la regulación? Este factor añadido a que el turismo puede haber elegido nuevamente otros destinos vecinos a nuestra isla que son más económicos, han hecho que a lo largo del verano hayamos leído en prensa, y comprobado en los restaurantes, comercios y hostelería, que las cifras del turismo han disminuido.
En definitiva, la mayor apuesta política de los 12 años de gobierno de GxF-PSOE sólo ha servido para esquilmar un poco más las carteras de los formenterers, que han visto cómo pagaban la puesta en marcha de una regulación que según el informe del propio interventor del Consell este verano iba a tener un déficit de 58.000 euros. Viendo ahora los ingresos presentados por el conseller de Mobilitat, que han sido de unos exiguos 52.512 euros, con unos gastos contemplados por intervención de 188.000 euros, entonces el déficit de una medida aplicada para 2 meses será de unos 135.000 euros. Casi nada, paga el pueblo.