Tradicionalmente cuando se acerca el ultimo día del año, todos solemos hacer una lista de propósitos y deseos para el nuevo año que está a punto de empezar. La hacemos individualmente cada uno y también la hacen las administraciones públicas. Entre los deseos que hemos podido conocer, cabe referirse a los incluidos en el discurso de final de año de la presidenta del ejecutivo balear.
En la citada lista, podemos destacar un deseo recurrente desde hace años, que es el de la mejora de la financiación de nuestra comunidad autónoma; y si bien es urgente que este deseo en concreto sea una realidad cuanto antes, si nos atenemos a lo que ha ocurrido hasta la fecha, lo cierto es que no se atisba un cumplimiento rápido del mismo.
Como ocurre con los particulares, que mayoritariamente suelen repetir su listado de deseos, ya que ven como van pasando los años y la mayoría de las cosas que se esperaban, siguen sin hacerse realidad; nuestra administración autonómica también esta en la misma tesitura.
A lo largo de los años, gobiernos de diferentes colores políticos han venido expresando su disconformidad con el dinero que procedente del Estado, llega a nuestras islas; ya que es una realidad que se aporta mucho más de lo que se recibe.
Tanto al PP, como al PSOE les ha faltado valentía para afrontar desde el ejecutivo central esa necesaria renegociación de la financiación de las comunidades autónomas y van pasando los años y ese sigue siendo un deseo incumplido. Y partiendo de la base de que es cierto que el incremento de los recursos económicos que llegan a nuestra comunidad autónoma, es imprescindible para mejorar en educación, en sanidad, en servicios sociales o en igualdad; no es menos cierto que si nos atenemos a la aplicación de una gestión de gobierno descentralizada, no se le puede olvidar al gobierno de Palma que en Baleares, cada una de las islas tiene sus peculiaridades y sus necesidades y que por tanto la obligación del Govern Balear es atender por igual las necesidades de los residentes de todas y cada una de nuestras islas; sobre todo recordando que hay islas que sufren por partida doble o triple.
Esta circunstancia es una realidad del día a día de Eivissa y Formentera, cosa que desde Palma no parece que se tenga en cuenta y se atiendan del mismo modo los derechos de los residentes de nuestras islas Pitiusas.
En una comunidad descentralizada como la nuestra, cada uno de los consells insulars gestionan unas determinadas competencias y los residentes de las denominadas islas menores, tienen exactamente las mismas necesidades en cuanto a servicios recibidos de la administración y los mismos derechos a la hora de poder acceder a ellos. Y esa premisa que parece tan clara, no se cumple en determinadas áreas. El Govern Balear está para ser el garante de que todos los residentes en nuestras islas reciban los mismos servicios, no para invertir ingentes cantidades de dinero en Mallorca en una materia que su consell insular no ha querido gestionar, precisamente por puro interés económico; recortando escandalosamente lo que se aporta a nuestros consells para que gestionen esa misma materia para los residentes de Eivissa y Formentera.
La aplicación definitiva de la totalidad del nuevo Régimen Especial de Baleares, incluyendo por tanto la parte fiscal correspondiente, es otro de los deseos expresados por la presidenta del Govern. La entrada en vigor de este REB, ha de ser parte indispensable, para que realmente pueda empezar a ser una realidad lo de compensar la insularidad.
En cualquier caso, no puede olvidar el Govern Balear que aquí hay que aplicar compensación a una doble y triple insularidad. El mismo argumento que es valido para que Baleares le reclame a Madrid, ha de servir para que las Pitiusas reciban aquello que es justo y se merecen.