En estos momentos tan convulsos se pone de manifiesto la necesidad de mantener el bienestar de los ciudadanos y que a través de las herramientas que tienen el Estado y sus organismos se ayude a aquellos sectores que quedan desprotegidos ante los graves sucesos que están aconteciendo.
Desde el punto de vista sanitario, ahora nadie discute la necesidad de tener un sistema de salud que en este momento pueda dar respuesta a la grave crisis humanitaria que estamos de sufriendo que, además de las perdidas en vidas humanas, tendrá un alto coste psicológico en aquellas familias y amigos que han sufrido el envite de la pandemia y no han podido ni despedirse de sus seres queridos.
Desde el punto de vista social es evidente que por parte del Estado se tiene que articular todo tipo de medidas con el objeto de que los sectores más desfavorecidos puedan subsistir a esta crisis y no tengan que arriesgar su salud para obtener aquellos medios económicos que les son necesarios, es por ello que se debe plantear el hacer llegar a estas personas un ‘salvavidas económico' para pasar esta tempestad que afecta a toda la sociedad.
Es evidente que los responsables públicos, además de velar por sus ciudadanos, han de ser eficientes con unos recursos públicos que actualmente son necesarios e imprescindibles, pero también escasos, teniendo en cuenta que todo aquello que no tenemos y nos estamos gastando actualmente nos comprometerá a los ciudadanos en un futuro, ya que hipotecará las cuentas públicas por muchos años.
Seguramente con el deseo de intentar solventar esta problemática, responsables políticos están planteando la apertura de prestaciones por desempleo a sectores, que con la ley en la mano no tendrían derecho a ello, sin tener en cuenta los graves perjuicios económico que pueden causar a las empresas, me refiero a en este caso a la problemática de los trabajadores fijos discontinuos que actualmente no se encuentran de alta en las empresas por no haber empezado la actividad en las mismas.
La solución planteada actualmente de obligar que las empresas den de alta artificialmente a dicho colectivo, con el objeto de que puedan ser beneficiarios de prestaciones por desempleo, que de otra manera no les corresponderían, desvirtúa totalmente lo que supone una relación laboral entre empresario y trabajador, en la que la prestación laboral se encuentra sujeta al inicio de la actividad, convirtiendo a la empresa en cómplice necesario para la obtención de prestaciones que no le corresponderían legalmente, estando dicho hecho tipificado en el artículo 26.3 de la LISOS , (la connivencia con el empresario para la obtención indebida de cualesquiera prestaciones de la Seguridad Social.) y convirtiendo a la empresa en el cómplice de un posible fraude si esta persona no cumple los requisitos necesarios para dicho percibo, siendo responsable solidario en la restitución de la misma en el supuesto de que fuera percibida y no tuviera derecho a la misma.
Dicha incorporación ficticia en las empresas, creara como problema subsidiario, que una vez finalizado el estado de alarma, y por tanto decaiga el ERTE por fuerza mayor, las empresas tendrán su plantilla incorporada plenamente y sobredimensionada para las niveles de actividad que tendrá la empresa en ese momento, con establecimientos cerrados y sin fecha prevista de apertura al carecer de reservas, viéndose obligada a realizar otras medidas suspensivas o extintivas con un alto coste económico.
Dicho lo anterior, además se está cargando sobre las empresas unos costes sociales que no le corresponden, ya que sí que debe asumir los costes sociales en el momento que el trabajador presta sus servicios, pero no en el supuesto de que esta alta ficticia sea solamente para el percibo de unas prestaciones, hipotecando con ello a las empresas con cargas sociales injustificadas en momentos de crisis, siendo ello una auténtica bomba de relojería difícil de desactivar, ya que se están firmando compromisos de mantenimiento de empleo, con una referencia del año 2019 (Temporada excepcional) que será imposible el mantener.
Dicha medida, realizada de forma extensiva, como está planteada, no ha tenido en cuenta la realidad social del tejido laboral de nuestras empresas, dedicadas la mayoría al sector turismo, que emplean a trabajadores de múltiples nacionalidades que actualmente no se encuentran en nuestro país, sin tener en cuenta que por las restricciones de circulación es posible que dichos trabajadores no quieran o puedan incorporarse a sus puestos de trabajo en las empresas. Por lo tanto, estamos pagando prestaciones de desempleo a personas de otros países QUE NO SE ENCUENTRAN EN ESPAÑA, constituyendo ello una grave perjuicio a las arcas públicas.
Dicho lo anterior, se reitera la necesidad de que el Estado articule aquellas medidas que sean necesarias para aquellos sectores más desfavorecidos, pero en este caso nos encontramos con una BUENA IDEA, PERO UNA MALA EJECUCION.