El servicio público de transporte de pasajeros entre las islas de Ibiza y Formentera es la ruta de mayor tráfico nacional, tanto en volumen de pasajeros transportados como de trayectos realizados: según estudios recientes, los buques mercantes al cargo de este servicio no suponen ni el 10% de los buques que cruzan los Freus (paso estrecho que separa las islas de Ibiza y Formentera), siendo en su mayoría buques de recreo.
Dicho servicio adquiere especial relevancia, ya que la marítima es la única vía de acceso a la isla de Formentera. Y, hasta ahora, el resultado es satisfactorio: el servicio es ininterrumpido y en ningún caso se han tenido que lamentar incidencias con daños personales, fundamentalmente gracias a la profesionalidad de los marinos mercantes al cargo de los buques que prestan el servicio.
Pero recientemente, la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha anunciado que quiere incrementar la seguridad en el tráfico portuario implementando una serie de medidas que afectan exclusivamente al tráfico comercial. Resulta muy llamativo este anuncio cuando son las embarcaciones de recreo, y no los comerciales, los que generan la inmensa mayoría de incidencias que requieren asistencia por parte de Salvamento Marítimo.
Una de las medidas anunciadas, y ya implementada por decreto y sin consultar a representantes del sector, consiste en crear zonas de navegación restringida, en los puertos de Ibiza y Formentera, prohibiendo la simultaneidad de maniobra de dos buques comerciales, fundamentalmente los dee pasajeros. Sin embargo, no se hace mención a que estas zonas restringidas son ocupadas por infinidad de tipologías de buques, en su mayoría de recreo y con tripulaciones no profesionales, que son los que ponen en peligro la seguridad marítima de forma reiterada.
Este tipo de medidas evidencian que no solo no se mejora la seguridad marítima, sino que además se empeora, ya que suponen requerimientos adicionales que los oficiales deben implementar, lo que les genera una mayor presión y estrés a la hora de realizar su trabajo.
Además, los marinos son profesionales altamente cualificados que deben revalidar sus titulaciones de forma periódica y que están sometidos a procesos de formación continua.
Sin embargo, en este caso se da la paradoja de que policías portuarios, sin formación marítima, deben vigilar el cumplimiento, por parte de los Capitanes, de esta nueva normativa: se encargan de interpretar cuándo un barco está de maniobra y en qué momento exacto accede o abandona las nuevas zonas restringidas.
Si el objetivo real de la APB hubiese sido el de incrementar la seguridad del tráfico portuario, hubiera consultado la opinión de los profesionales del sector y de los que están al mando de los buques que a diario prestan este servicio, en lugar de generar una norma vacía de contenido que no solo no mejora la seguridad, sino que la empeora. Una mejor medida hubiese sido apoyar a los profesionales de la Marina Mercante con una asistencia de tráfico marítimo adecuada, en lugar de medidas de carácter más bien coercitivas y de acoso y no encaminadas a incrementar y mejorar la seguridad.
Visto lo anterior, la motivación de estas medidas no está encaminada a mejorar la seguridad en las maniobras portuarias, la finalidad de las mismas es dar cumplimiento a los deseos expresados por diferentes representantes políticos de reducir el número de frecuencias de buques comerciales que operan en la ruta. Si bien este objetivo político puede ser respetable, bajo ningún concepto lo es la forma de alcanzarlo utilizando medidas que pretenden aportar una posible falsa seguridad.
Por todo ello, pedimos a la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que deje a un lado los titulares vacíos de contenido y se dedique a gestionar teniendo en cuenta la opinión de los profesionales del sector.