La okupación de viviendas es una de las grandes anomalías de nuestra sociedad. Son personas mayoritariamente sin oficio ni beneficio, con pocas ganas de trabajar, que apelan a la Constitución para exigir -y okupar- una vivienda digna. Evidentemente alcanzan su derecho constitucional en detrimento de propietarios de inmuebles, que pueden pasarse años y años para recuperar sus propiedades.
A nadie le importa si las viviendas okupadas están vacías porque sus dueños tienen otros inmuebles, si se han ido de vacaciones al Caribe durante dos meses, o simplemente porque solo utilizan la vivienda okupada un par de semanas al año por los motivos que sean. Que los dueños de las viviendas ocupadas de Punta Arabí hayan tenido que recurrir a los servicios de una empresa llamada Desokupa es una demostración de que la actual legislación no funciona, que se premia a los delincuentes y castiga a aquellos que generan riqueza y pagan sus impuestos religiosamente. Desokupa es una anomalía, es cierto, pero mucho me temo que es la única alternativa para solventar este tipo de situaciones. Igual yo haría lo mismo. Se llega al absurdo de que el propietario de una casa okupada tiene que mantener la luz y el agua aunque no disfrute de la vivienda. Si prescinde de estos servicios comete una ilegalidad, aunque pasen un par de años para que un juez ordene la desocupación del inmueble. Solo falta que se le obligue a los propietarios a enviar cada mes una caja llena de alimentos a los que okupan sus casas en nombre de la Constitución.
Pese a que se trata de un problema cada vez más habitual, no se han modificado las leyes para que los jueces puedan actuar de forma rápida ante este tipo de situaciones. Nuestros diputados están demasiado pendientes en que Netflix se doble al catalán, pero seguro que si fuesen sus casas las okupadas cambiarían las leyes por la vía de urgencia. De momento, Desokupa hace el trabajo que no pueden hacer los policías porque la actual ley es una chapuza. No se quejen.