Creo no equivocarme si digo que la mayoría de ciudadanos tiene claro lo que en política significa gobernar y ejercer de oposición. Los primeros son los que tienen la encomienda de gestionar nuestras administraciones públicas y los segundos tienen la importante función de controlar esa gestión. Ahora bien, ambas cosas deben estar siempre sujetas a los intereses de la mayoría de los administrados y deberían desarrollarse como mínimo atendiendo a ciertos valores éticos.
Pero claro, de la teoría a la práctica muchas veces hay un gran trecho y esos condicionantes básicos y fundamentales se dejan a un lado y la actividad pública de unos y otros viene marcada más por el interés político de partido que por el interés general que es el que debería primar siempre y sin excepciones.
Y me temo que eso mismo es lo que está ocurriendo precisamente en nuestra política últimamente. Basta analizar dos situaciones de la política para comprobar tal extremo y que demuestran que en muchas ocasiones se puede ir mucho más allá de la defensa de unos postulados ideológicos como partido y defender posturas políticas que no aportan nada positivo a la hora de resolver problemas que sufre nuestra sociedad.
La primera de estas situaciones a tener en cuenta la hemos podido ver estos últimos días en la política estatal y es el juego sucio que el Partido Popular viene desempeñando en aras de su obsesiva necesidad de desprestigiar al Gobierno de la Nación a costa de lo que sea. La deriva extremista del partido conservador les ha llevado a torpedear cualquier iniciativa que tenga su origen en el ejecutivo encabezado por Pedro Sanchez, sin pararse a pensar si las acusaciones de malversación de los fondos europeos que se están dedicando a verter por todos lados son éticamente defendibles o no.
Resulta inmoral extrapolar la distribución de 9 millones de euros, criticándola y acusando al Gobierno de favorecer a las CCAA gobernadas por los socialistas en la misma, cuando eso no es más que una ridícula parte de los cientos de millones de fondos europeos que está previsto que vaya recibiendo nuestro país. Pero lo inmoral pasa a ser patético cuando se sabe que, a día de hoy, de las seis CCAA que más fondos han recibido por ese concepto cuatro están gobernadas por el PP y la oposición bien que se lo viene callando. Si además trasladas las falsas acusaciones contra el gobierno de tu propio país ante las instituciones europeas y los responsables de la distribución de los mismos, que curiosamente son de tu propio Grupo Popular Europeo y estos niegan tus acusaciones y afean tu comportamiento, el ridículo ya pasa a ser de escándalo.
El otro caso particular al que me refería al principio nos afecta más de cerca ya que se refiere a la política insular, sobre todo a raíz de la pandemia y las restricciones que para su control se han tenido que aprobar y aplicar. Ha aparecido un grave problema que, de no solventarse lo más rápidamente posible, no sólo pone en peligro la salud de todos, sino que de enquistarse acabará por perjudicar a nuestra economía. Me refiero a la necesidad de combatir las fiestas ilegales que, sobre todo en temporada estival, proliferan por diferentes puntos de la isla.
Este no es un problema de la derecha ni de la izquierda. Es un problema que nos afecta a todos y precisamente por ello se debería entender como un asunto de estado a nivel autonómico y centrar los esfuerzos de todos en colaborar en combatir esa lacra. En este caso es el Partido Socialista el que no atiende debidamente un problema que nos puede afectar a todos sin excepción y da la sensación de estar oponiéndose a acordar un paquete de medidas que permitan luchar contra esta actividad ilegal.
Ya en otra ocasión manifesté mi opinión desfavorable a que las fuerzas de seguridad se vieran con las manos atadas a la hora de intervenir en este tipo de actividad comercial cuando se ve claramente que es de eso de lo que se trata. No todo vale en política y está claro que ante situaciones así hay que ir más allá de simplemente estar en contra de lo que propone tu rival político.
Cabe aplicar un mínimo de racionalidad y saber ver que hay momentos en que la oposición también tiene la obligación de ponerse junto a los que gestionan aportando algo positivo y beneficioso para todos.