Es curioso ver cómo se puede llegar a dar la vuelta a la tortilla, en un tema tan difícil y de un gran coste social, como es el problema de los Apartamentos Don Pepe. Todo nace de la necesidad de dar solución a un tema estructural que, según los técnicos y políticos del ayuntamiento, es imposible, y que según los técnicos contratados por la propiedad es posible y no muy complicado. Mientras se intenta que un juez decida quién tiene razón, el edificio es desalojado por un peligro inminente. Nadie quiere mojarse en este tema peliagudo, ni jueces ni políticos y, finalmente, de manera dolorosa, se saca de su casa a todos los vecinos (recordemos, con un informe de septiembre de 2020 que no se ha actualizado, y que los meses y los años han demostrado que era, cuanto menos, exagerado. De momento, los únicos desperfectos del edificio o ya existían o los ha causado el ayuntamiento intentando cargarse de razones). Los vecinos se movilizan ante tanta injusticia y desprotección y, después de mucho intentarlo, se consigue que la presidenta del Govern se reúna en el Ayuntamiento de Sant Josep con el equipo de gobierno, y con una representación de los afectados. ¿Y? ¡Sorpresa! La presidenta Armengol se saca de la chistera una solución, por llamarlo de alguna manera, que lo único que pretende es desmovilizar la indignación de la propiedad. Algo que en parte consigue. ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza? Jugar con la ilusión de las personas afectadas, personas intranquilas que llevan meses sin dormir por la incapacidad de unos dirigentes en dar solución a un problema sencillo, y muchas veces repetido. Es posible que algunas personas no entiendan a qué viene mi indignación. Intentaré explicarlo, es una postura totalmente personal, no represento a nadie, solamente a mí misma. Por un lado, la solución que propone la presidenta Armengol no es ni fácil ni rápida, cualquiera que conozca mínimamente cómo funciona la administración lo sabe.
Primero porque no hay terreno, se tiene que comprar, después se tiene que reclasificar y dotarlo de infraestructuras, a continuación, hacer un edificio de 100 viviendas y después adjudicarlas. Cada paso de los que estoy relatando necesita, poniendo toda la voluntad del mundo, más plazo del que prometen para el total de la operación (¿dos años?, ¡por favor no se rían de la gente!) Por otro lado, parece que se obvia que los desperfectos del edificio actual son subsanables, y que está todo pendiente de un proceso judicial. ¿O es que van a tirar un edificio sin que se haya pronunciado un juez? No me imagino que técnico del Govern va a informar favorablemente sobre un expediente tan costoso para las arcas de la comunidad autónoma, sin que un juez haya resuelto sobre el principio de todo esto (estamos hablando de más de 10 millones de euros, más las posibles indemnizaciones si al final se demuestra que no hacía falta demolerlo, solo repararlo). Por favor... ¡Que manera de jugar con el dinero de todos! Pero si para hacer un simple colegio necesitan que los ayuntamientos se impliquen, porque la comunidad no tiene capacidad económica para hacerlo por sus medios.
Para concluir, vuelvo al inicio, estamos condenando dos edificios construidos hace más de 50 años por no permitir que se arreglen unos desperfectos estructurales que afectan a una pequeña parte de uno de los edificios, porque legal y urbanísticamente «no es posible». ¿Cuántos establecimientos turísticos se están reformando en estos últimos años? Ya se lo digo yo, muchos. ¿En cuántos de ellos se han preocupado por comprobar su realidad urbanística? También se lo digo, en muy pocos. ¡¡¡Dejen de reírse de todos nosotros y de jugar con nuestro dinero!!