La apuesta decidida que desde el primer día ha tomado el gobierno del Partido Popular que preside Vicent Marí por la recuperación y puesta en valor de las actividades agrarias, del paisaje y de nuestro patrimonio etnológico también ha formado parte de la aprobación del reglamento de simplificación administrativa, agroestancias y alquiler de casas payesas. Para evitar precisamente la burocracia, el Partido Popular optó por hacer una tramitación conjunta de ambas temáticas, aunque solucionan necesidades diferentes.
El objetivo de los cambios normativos para facilitar las agroestancias y el alquiler limitado de las casas payesas es incentivar a los payeses para que puedan generar rentas complementarias con las que puedan conservar y mantener el patrimonio. Proteger nuestro paisaje incentivando la generación de ingresos en lugar de subsidiando y prohibiendo como impone sin consenso la izquierda en cada ocasión que accede a un gobierno son dos maneras diferentes de hacer política y de gestionar una institución. El inexplicable voto en contra de PSOE y Unidas Podemos al reglamento es otro ejemplo de que ambos partidos han vuelto a optar por dar la espalda al campo de Eivissa.
Lamentablemente, el trabajo hecho para proteger sin prohibir por primera vez nuestro paisaje, nuestro patrimonio y nuestros bienes etnológicos a través de incentivos ha sido torpedeado por la absurda moratoria impuesta por el Govern balear en la nueva ley turística que frena las agroestancias y el alquiler turístico de casas payesas, medidas encaminadas a generar rentas adicionales a las explotaciones agrarias preferentes con las que poder invertir en el mantenimiento del patrimonio y en actuaciones para mejorar la eficiencia hídrica. Lamentablemente, hay pocas explotaciones agrarias preferentes en Ibiza porque la normativa hecha en clave mallorquina obliga a una plantación de cuatro hectáreas de cultivo continuas o 10 discontinuas, magnitudes alejadas de la realidad de Eivissa.
Otra vez desde Mallorca, el Govern, de PSOE y Unidas Podemos, ha invadido una vez más las competencias propias del Consell d'Eivissa y ha boicoteado el pacto por la custodia del territorio entre todos aquellos que generación tras generación han mantenido vivo el paisaje de Eivissa que supone el reglamento aprobado en el pleno del viernes y no podrá ser aplicado hasta que la moratoria deje de tener efecto.
Y ello, a pesar de que las agroestancias y las estancias turísticas en casas payesas son figuras contempladas en leyes autonómicas aprobadas por el mismo Govern que ahora las impide de forma contradictoria.
Autorizar un máximo de seis plazas turísticas en una de las escasas explotaciones agrarias preferentes de Ibiza y poder alquilar un máximo de 60 días discontinuos tres habitaciones en una casa payesa puede generar 50.000 y 20.000 euros al año respectivamente, recursos cuyo destino ha de ser justificado y destinado a la conservación y recuperación del patrimonio y elementos vegetales.
Es evidente que nadie se hará rico con estas cantidades ni que pueda existir un atisbo de ánimo especulativo detrás de una medida que pretende incentivar la actividad agraria y la puesta en valor de nuestro producto turístico, ya que pensamos que la tipología de visitante que opte por este tipo de establecimientos respeta nuestros valores, nuestras costumbre y ama Eivissa y, por lo tanto, ha de ser un tipo de viajero incentivado por su alto valor.
El Partido Popular cree en la colaboración público privada y este es otro ejemplo de las bondades de una política que, obviamente, no permitirá eliminar las ayudas al campo, partidas que de hecho desde el gobierno de Vicent Marí hemos ido incrementado anualmente, pero que otorga unas herramientas de las que hasta ahora se carecía e introduce un nuevo paradigma en la búsqueda de soluciones que se complementa con las exitosas campañas de promoción de producto autóctono que desarrolla el Consell d'Eivissa y que tan buenos resultados han dado en los últimos años como demuestran el incremento de la comercialización del producto local.
Con la aprobación del reglamento de simplificación administrativa, agroestancias y alquiler de casas payesas, hemos alcanzado el objetivo de conseguir un amplio consenso en torno a una norma innovadora, necesaria y que ha sido aplaudida por el Consell Consultiu, como queda demostrado con el apoyo de los dos ayuntamientos gobernados por el PSOE y Unidas Podemos. Las 14 aportaciones de las 21 asociaciones invitadas a participar y las que también han presentado a título personal particulares han servido para enriquecer el reglamento aprobado. A todos los que han participado agradezco su dedicación. Todo trabajo que se haga para reducir la carga burocrática que sufren ciudadanos, empresas y administraciones será siempre insuficiente, lo que no obsta para que el Consell d'Eivissa sea desde el viernes una administración más propia del siglo XXI y los ibicencos menos dependientes de su administración: el mejor gobierno es aquel que hace lo posible para que el ciudadano no lo necesite.