Cualquiera que haya viajado un poco sabrá que aquellos pueblos o ciudades que disponen de un casco urbano antiguo suelen tener un tesoro ya que esas zonas suelen ser de las más visitadas. Ello es así por que suelen albergar elementos de importante valor patrimonial o histórico y atraen a numerosos visitantes. Es básicamente esa circunstancia la que hace de esas mismas áreas centros de interés turístico y comercial.
En el municipio de Eivissa tenemos un casco antiguo que se sitúa en el interior y a los pies de unas espectaculares murallas renacentistas que son Patrimonio de la Humanidad y que todos los residentes y turistas deberían conocer. Pero como acostumbra a suceder siempre encontraremos quienes no son capaces de reconocer esos valores históricos y solo ven en esos rincones lugares de los que sacar la mayor cantidad de dinero posible. Y es, precisamente, porque esos piratas abundan por lo que nuestras diversas administraciones tienen la obligación de velar por la conservación de nuestro patrimonio.
He querido iniciar el artículo de esta semana con estas observaciones después de haber conocido una propuesta de reforma de nuestro puerto, presentada por la empresa concesionaria de la gestión de la dársena de Levante para el atraque de megayates y que consistiría en la sustitución del empedrado histórico del mismo por un pavimento de hormigón y un embaldosado de gres, además de crear una nueva barrera con jardineras y bancos que nuevamente separaría la zona marítima de la primera línea de edificios existentes.
El objetivo que persigue la citada propuesta no es otro que aislar a los megayates de la zona meramente urbana, pero nadie debería olvidar que eso mismo ya se hizo con otro tipo de elementos cuando esa área del puerto se utilizaba para el tráfico comercial, siendo entonces las barreras de hormigón y metacrilato pero que tenían la misma función que las jardineras con plantas y los bancos, que es impedir el paseo junto al mar.
Nuestro puerto ha cambiado muchísimo en las cinco últimas décadas. Se ha tenido que ir adaptando a diversas nuevas necesidades ligadas principalmente a una frenética actividad turística. Ahora bien recuerdo perfectamente que allá por el año 2000 se decidió la construcción del dique y los muelles de es Botafoc para sacar, precisamente, toda la actividad comercial del puerto de toda la vida y que, con ello, el pueblo de Eivissa, los residentes del resto de municipios de la isla y nuestros visitantes, pudieran disfrutar plenamente y sin restricciones ni barreras de esa zona.
En ningún caso se debe permitir que la concesión de la explotación de esa dársena de Levante de nuestro puerto para el atraque de megayates sea el vehículo que permita nuevas aberraciones en esa zona. Cualquier propuesta de mejora de ese entorno debe estar siempre condicionada a su adaptación a los elementos tradicionales existentes y, entre ellos, debe estar la protección del empedrado histórico que todavía existe. Bajo ningún concepto puede ni tan siquiera pensarse el Ayuntamiento la posibilidad de estudiar semejante barbaridad. Para ello no hace falta esperar a conocer al detalle el proyecto referido, debiendo dejar muy claro que en ningún caso se admitirá propuesta alguna que suponga la sustitución del empedrado o el impedimento del paseo peatonal junto al mar.
Este grado de contundencia no admite esperas: debe quedar muy claro desde el primer momento. No pueden repetirse errores del pasado y, para ello, habrá que tomar las decisiones que proceda en cada momento. Para empezar, el representante del Ayuntamiento de Vila en el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Baleares debe posicionarse en contra del proyecto conocido y está obligado a mover los hilos que sean necesarios para que tanto el Presidente del citado Consejo y compañero de partido, como el resto de representantes de otras administraciones en el mismo, se posicionen en contra también si se llegara a tener que votar su aprobación o rechazo.
Esto no puede ni debe ser ya una mera cuestión de color político del que gobierna; se trata de dejar de patear nuestras tradiciones y nuestros derechos como pueblo. Y algo así deben defenderlo todos y cada uno de los que nos representan, sean del partido político que sean y de todas y cada una de las administraciones. No todo hay que hacerlo en aras de un rendimiento económico: nuestra historia y nuestros derechos no pueden tener precio.