El Gobierno y todos los partidos que le apoyan acaban de aprobar la ley de vivienda con el objetivo de rebajar el precio de los pisos de alquiler. Pero han cometido un error garrafal: no contar con la opinión de los propietarios de aquellos inmuebles que se alquilan. Han intentado hacer creer por una cuestión ideológica y para sacar un puñado de votos que los propietarios de pisos son seres malvados, sin escrúpulos, que solo quieren estafar a los inquilinos y ofrecerles viviendas inhabitables a precios por las nubes. Es posible que haya algunos que actúen así, pero en muchos casos son pequeños inversores que han comprado o heredado un inmueble que lo alquilan para tener algún ingreso extra. Alguno hasta se hipoteca para arreglar estos pisos y ponerlos en el mercado de alquiler. No se hacen millonarios, ni mucho menos. Como mucho obtienen un ingreso que, por cierto, declaran al IRPF. Pero nadie se hace responsable si el inquilino no paga o destroza la vivienda. La justicia es demasiado lenta para recurrir a ella y las administraciones, las que se consideran legitimadas para decidir qué deben hacer las personas con sus propiedades, ni están ni se les espera. Esta ley sin el respaldo de los propietarios de pisos está condenada al fracaso. Lo han dicho muchos expertos que saben de la materia pero que no han sido escuchados. Mejor el eslogan, demonizar a propietarios, grandes y pequeños, que buscar soluciones efectivas, moderadas y razonables. Ya me gustaría ver a alguno de estos que ha aprobado esta ley si tuviese la desgracia de tener que desokupar una vivienda de su propiedad. Hemos llegado a un punto que el siguiente paso será que las nuevas generaciones se verán obligadas a emigrar, no por falta de trabajo. Se marcharán porque no hay vivienda. Y con esta ley, mucho menos.