La fiscalía del Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias contra el Consell de Formentera por la gestión económica del anterior equipo de gobierno de la institución. Según figura en el documento redactado por el Ministerio fiscal, los informes remitidos por el Consell a la Sindicatura de cuentas de Baleares presentan diversas irregularidades en el gasto de personal en el año 2020 y en años anteriores, cuando el equipo de gobierno estaba formado por GxF y PSOE. Más allá en el tiempo, en legislatura 2015-2019 el departamento de personal de la institución cometió diversas irregularidades que el sindicato UGT ha ido enmendando en los juzgados.
Muchos años gobernando y una mayoría absoluta, suponen una perdida de objetividad que puede resultar peligrosa al pensar que eres impune a casi todo.
El equipo de gobierno que ahora están investigado siempre miró con recelo a la Sindicatura de Cuentas, que es quien le ha sacado los colores. De hecho hubo un tiempo en el que no le facilitaba la información que este organismo demandaba, alegando que ya presentaba los números ante el Tribunal de Cuentas de Madrid. Curiosa contrariedad de los grandes defensores de la institución de proximidad, prefiriendo ser auditados por Madrid que por Palma, sabedores que el organismo balear no dispone de medidas coercitivas debiendo presentar la documentación pero sin ser obligatorio.
La Sindicatura de Cuentas existe desde 2004 y el Estatut la reconoció como institución propia en 2007, el mismo año que al Consell de Formentera. De todos modos, si tenemos en cuenta que el Parlament aprobó en 1993 la ley del Síndic de Greuges y esta figura duerme en el sueño de los justos haciendo que seamos una de las pocas comunidades autónomas sin defensor del pueblo propio está claro que no acabamos de tomar muy en serio a nuestras propias instituciones.