El pasado jueves el Senado concluyó el proceso para la reforma de la Constitución Española que sustituirá el término «disminuido» e incorporará en su lugar el sintagma «personas con discapacidad» en su artículo 49.
Si bien las dos reformas anteriores vinieron impuestas por exigencias de la Unión Europea, esta reforma nos viene impuesta por una exigencia moral con las personas con discapacidad para resolver una injusticia social, nada menos que 45 años después.
Fue nuestra Constitución una norma avanzada a su tiempo, que planteó la discapacidad como un deber público objeto de especial atención en el marco de un Estado Social. Y ha sido nuestra Constitución la que ha impulsado un amplio desarrollo normativo en esta materia durante toda la etapa democrática.
Y 45 años más tarde la sociedad civil organizada interpela al legislador a modificar el artículo 49. Y no le interpela para reparar la tarea de un constituyente que otorgó a todos los españoles los mismos derechos y libertades, sino para reparar las consecuencias de una inacción que ha tolerado demasiado tiempo la palabra «disminuido» vigente.
Nombrar a las cosas hace que las cosas cobren realidad, que existan. Y nombrarlas correctamente es una cuestión de educación y de respeto. Y si a las cosas hay que llamarlas por su nombre, a las personas hay que llamarlas también por lo que son: personas.
Durante 45 años nos hemos permitido calificar como «disminuidos» a las personas con discapacidad sin reflexionar lo suficiente sobre el dolor emocional que dejan las palabras. Y detrás de la palabra «disminuido» hay una persona, una familia esperanzada, una persona que sueña, una persona que lucha, una persona que se supera y que aspira a ser reconocida como un ser humano con incalculable valía.
Si bien el uso de un lenguaje correcto y formalista es importante, más lo es actuar en consecuencia. Una cosa son las palabras y cuestión distinta son los hechos. No nos debemos detener en la semántica que se desprende de las palabras. Hay que activar políticas y medidas que avancen hacia la integración real y efectiva de las personas con discapacidad. La inclusión no se reduce a un acto de generosidad literal, sino que representa un acto de justicia e igualdad.
A lo largo de la historia democrática, pero especialmente durante los últimos 10 años, el apoyo a las personas con discapacidad ha representado un espacio común de encuentro entre formaciones políticas con idearios distintos. Estos consensos son los que nos engrandecen como sociedad. Sin embargo, tenemos que lamentar que en ese lugar de encuentro no estemos todos. Una formación política ha decidido quedarse fuera de este consenso básico. Algún día tendrán que explicárselo a los más de cuatro millones y medio de españolas y españoles que han dejado de ser considerados lo que nunca fueron: disminuidos. Algún día les tendrán que explicar por qué no estuvieron a su lado en el momento más importante.
Esta reforma persigue una sociedad más inclusiva para el presente y el futuro que nos queda por vivir. Todos somos potenciales personas con discapacidad. Y es desde esta perspectiva también sensata y empática con las personas con discapacidad como debemos procesar esta reforma. Las circunstancias pueden cambiar para cualquier de nosotros, pues la vida de cada uno está condicionada a lo que pueda pasar mañana. La fragilidad es consustancial a la experiencia humana.
En esta vida la adversidad puede presentarse en cualquier momento y puede presentarse también en forma de discapacidad. Y si llega ese momento el Estado Social que recoge nuestra Constitución deberá estar ahí para proporcionarnos la ayuda necesaria más allá de las palabras. Se trata, por lo tanto, de tejer una red de compromiso inclusivo con la sociedad en general. Se trata tejer una red de compromiso con aquellas personas que hoy son personas con discapacidad y con aquellos que lo seremos el día de mañana.
De la mano de las entidades y las familias hemos escrito un nuevo capítulo de nuestra historia como sociedad. Nuestra Constitución es más el espejo de la sociedad que somos y el propósito de la sociedad que aspiramos a ser. Una sociedad más justa, más solidaria, una sociedad de iguales en la que nadie sea más que nadie, una sociedad más integradora, unida y cohesionada también en todas nuestras diversidades.
No queda más que felicitar a las entidades en defensa de las personas con discapacidad por su dedicación, a las personas con discapacidad por sus esfuerzos de superación constante, a sus familias por su abnegada entrega y a todas esas personas que en el futuro seremos personas con discapacidad.