En un nuevo alarde de ignorancia o mala fe, la charo mayor del reino, María Jesús Montero ha decidido darle un sablazo a uno de los pilares del Estado de Derecho: la presunción de inocencia. ¿La excusa? El caso Dani Alves, recientemente absuelto de un delito de agresión sexual según la sentencia dictada por cuatro magistrados (tres de ellos, mujeres). Montero, con esa superioridad moral y el estilo barriobajero que le caracteriza, afirmó que la presunción de inocencia no puede estar por encima del relato de la denunciante. No importa que el relato haya quedado desmentido por las pruebas biológicas y las cámaras de seguridad o que la sentencia recurrida presente «vacíos, inconsistencias y contradicciones».
La frase, dicha con la ligereza de quien lanza confeti, revela una preocupante deriva: ahora resulta que la presunción de inocencia es un estorbo para el relato. No importa la verdad, la culpa se decide en Twitter y se ejecuta en las tertulias. El juicio, ese espectáculo arcaico lleno de pruebas y jueces, es sólo un decorado.
Montero no habla como ministra, sino como tirana con antojo de toga. Su desprecio por los principios jurídicos recuerda más a los juicios de Salem que a la separación de poderes.
¿Que el acusado fue absuelto? Da igual, algo habrá hecho. Lo importante es no dejar que la realidad estropee una buena narrativa que arenque a tus tropas.
La ministra nos invita a sustituir la justicia por la intuición, la evidencia por la emoción, y el Derecho por el trending topic. ¿Para qué molestarse con sentencias si podemos tener eslóganes? Montero no cuestiona el fallo del tribunal, sino que aún exista el concepto mismo de inocencia. Este nuevo PSOE quiere ser poder ejecutivo, legislativo y ahora judicial; algo sin cabida en un Estado de Derecho.
L’article és un exemple clar de com es pot desvirtuar una polèmica per reforçar un relat ideològic molt determinat. Lluny de buscar una anàlisi rigorosa de les paraules de la vicepresidenta Montero, el text opta per una lectura hiperbòlica i esbiaixada, amb la intenció de convertir una relliscada comunicativa —reconeguda i matisada posteriorment per la pròpia ministra— en una amenaça estructural contra l’Estat de Dret. La crítica legítima ha de permetre’s ser precisa i honesta. Quan es descontextualitza una frase per convertir-la en una prova irrefutable d’autoritarisme, es deixa de fer periodisme d’opinió per entrar en el terreny de la propaganda. I això, precisament, sí que és una amenaça real: a la veritat i al debat democràtic.