Parece evidente que el ideario de los partidos políticos a la hora de gestionar las diversas instituciones, tiene una importancia capital. En función de la ideología de cada partido, hay cuestiones que se enfocan de una forma o de otra y en función de ese enfoque se suele favorecer más a un sector de la población que a otros. Tal sistema es perfectamente válido y en un país democrático, son los electores quienes con su voto, deciden qué tipo de políticas quieren que se apliquen. La propia existencia de partidos de corte claramente conservador y de otros de ideología progresista, hace que sea normal y lógico que haya diversas formas de entender la gestión pública.
La victoria en las urnas de unos o de otros determina de qué forma se defenderán los intereses de la población en general y, a pesar de la obligación que tienen los vencedores en las elecciones, de gestionar y gobernar para la totalidad de la población, es decir, tanto para los que les han votado como para los que no lo han hecho, lo cierto es que en líneas generales eso no ocurre.
Por lo general, en política suele primar mucho más el interés particular del propio partido gobernante, que el general de la población gobernada. La política de cada partido, tanto si es de derechas como si es de izquierdas, suele ser adaptable y cambiante en función de los intereses propios que en cada momento se establezcan. Habitualmente lo que se suele hacer es gobernar en base al rendimiento que esa gestión pueda aportar en unas futuras elecciones en forma de votos al partido en cuestión.
Es por ello que la alternancia política es necesaria a la hora de gestionar las diversas instituciones. Ver el día a día de la población en general es crucial para determinar la viabilidad de una forma u otra a la hora de gestionar y es esa misma población, la que tiene en sus manos la posibilidad de mantener o cambiar a los gestores o gobernantes. Ahora bien, ocasionalmente surge alguna cuestión o problema que afecta de lleno a una gran mayoría de la población y cuya solución, va más allá de las limitaciones que una ideología de partido impone a los diversos cargos públicos que nos representan.
El tema de la vivienda es posiblemente el más representativo a la hora de determinar un problema que va más allá de ideologías políticas demasiado encorsetadas, tanto por la derecha como por la izquierda. Son demasiados ya los años en que esa cuestión figura en el número uno de la lista de grandes problemas sin resolver. Parece claro por el punto en el que nos encontramos, que cada partido por separado y aplicando sus propias propuestas de solución ha fracasado en el intento, es por ello que ya resulta del todo imprescindible dar un paso más allá en la forma de luchar contra ese gravísimo problema.
La incapacidad para abrir suficientemente las mentes para aceptar, por parte de los gobernantes, que mantenerse enrocado en la idea fija que solo tus propias propuestas son las correctas para afrontar la situación y, sumado ello al absurdo convencimiento de que solo se puede hacer oposición estando en contra de todo lo que proponga el rival político de turno; hace que una pronta solución se vea muy lejana en el tiempo. Y ya no queda más tiempo, no se puede seguir mareando la perdiz y no hacer nada realmente efectivo. No es de recibo que la derecha, amparada en la protección extrema del denominado mercado libre, se niegue a aplicar medidas más intervencionistas y, por otro lado tampoco lo es que la izquierda pretenda lavarse las manos ahora y responsabilizar únicamente a la derecha de la situación en la que nos encontramos.
Deben unos y otros hacer autocritica y en base a la gravedad del asunto, buscar las formulas necesarias que les permitan trabajar realmente juntos en aras del interés general. En la derecha deben de dejar de trabajar tan solo para los que ya disfrutan de una situación económica desahogada, que es lo que han hecho hasta la fecha. Por parte de la izquierda, se debería reconocer que cuando coincidieron gobernando en Baleares y en el Gobierno del Estado, no aplicaron las medidas que ahora se recogen en la actual Ley de Vivienda y que permiten limitar el precio de los alquileres. En su momento se retraso más de lo necesario la aprobación de la citada ley y ahora se topa con el obstáculo de los gobiernos del PP, que se niegan a aplicarla.
Consecuencia directa de los errores que ambos bandos han cometido y que son más que evidentes, es la actual problemática y, resulta ciertamente desesperante que los que tienen en sus manos la posibilidad de atacar el problema sigan dando muestras únicamente de su incapacidad para ponerse de acuerdo. De no haber un cambio radical en los respectivos posicionamientos, nada positivo podemos esperar. No se puede seguir esperando años para atacar el problema. La lentitud en la decisión de trabajar de forma conjunta y seguir limitándose unos y otros a criticar al rival y no hacer nada efectivo, solo será la garantía de un resultado catastrófico.