Durante años se creyó que las normas urbanísticas, los planes territoriales y las normas subsidiarias podían ejercer de muro de contención ante el crecimiento demográfico. Se dibujaron techos poblacionales como si fueran límites reales, con la confianza —o la ilusión— de que bastaba con regular el suelo para preservar el equilibrio. Hoy vemos que esa estrategia fracasó y que estábamos equivocados. En Ibiza, la vivienda ya no es un derecho: es un privilegio reservado a unos pocos. Y el resto sobrevive como puede y donde puede.
Basta con asomarse a la realidad de quienes viven y trabajan en Ibiza para comprender la magnitud del problema. El precio medio de los alquileres se ha disparado hasta niveles inasumibles para gran parte de la población. Comprar una vivienda es, directamente, un objetivo imposible para la inmensa mayoría; sencillamente porque no hay oferta, como no sean pisos de ‘alto standing’, que sólo gente acaudalada se puede permitir.
NO ES NORMAL
En esta isla hemos asumido como normal, situaciones que en cualquier parte de España son percibidas como una gran anomalía y que a muchos les resultan impensables: familias hacinadas en apartamentos diminutos, viviendas compartidas por varias familiares, camas —o incluso literas— en salones y neveras donde los alimentos llevan etiquetas de colores para saber a quién pertenecen.
Esos son los afortunados, los que tienen suerte de disponer de un techo donde vivir. Hay otra Ibiza que vive en asentamientos improvisados en el campo, en chabolas, cuevas, tiendas de campaña, coches, furgonetas, caravanas, trasteros o locales comerciales sin condiciones mínimas de habitabilidad. Ya son legión los trabajadores que no viven en inmuebles y que no encuentra un techo digno bajo el que dormir y llevar una vida decente.
UNA ISLA QUE NO SE SOSTIENE
Lo más alarmante es que esta situación no afecta únicamente a colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión. También la sufren profesionales cualificados y trabajadores públicos de servicios esenciales: sanitarios, docentes, policías y guardias civiles, empleados del sector servicios… Ibiza necesita mano de obra cada temporada para que su motor económico funcione, pero no tienen un lugar donde vivir. Se habla mucho de sostenibilidad, pero ¿cómo puede sostenerse una sociedad que expulsa a quienes la hacen funcionar?
No se trata de ideologías, sino de realidades. Si la vivienda es el primer escalón de cualquier proyecto vital, Ibiza ha dejado de ofrecer futuro a quienes no forman parte del 1% más privilegiado. Y sin residentes estables, sin familias, sin jóvenes que puedan emanciparse y formar un hogar, no hay futuro.
LO QUE SÍ PODEMOS HACER
¿Hay solución? La respuesta es sí, pero exige asumir que el modelo seguido hasta ahora está agotado. No basta con limitar el crecimiento urbanístico o proteger el suelo rústico si no se acompaña de una apuesta decidida por crear más vivienda asequible. Lo que hace falta es poner mucha más vivienda en el mercado, tanto de alquiler como de compra. Y, sobre todo, activar la construcción de un parque público de vivienda que funcione de verdad: viviendas sociales, promociones protegidas, suelo público destinado a uso residencial permanente.
Ibiza necesita políticas activas de promoción, colaboración público-privada, planificación a largo plazo. Hay que construir más pensando en quienes viven aquí todo el año. Pensando en las nuevas generaciones, en los profesionales que queremos retener, en las familias que queremos que crezcan en la isla.
No se trata de intervenir mercados, sino de facilitar que se genere suficiente oferta para responder a la demanda real. Es urgente desbloquear suelo urbanizable, agilizar licencias, incentivar la promoción de vivienda asequible y recuperar el objetivo olvidado de la función social de la vivienda. Porque lo que está en juego no es una estadística: es la posibilidad de que Ibiza siga siendo una isla viva, habitada, humana.
Y la solución no pasa por resignarse ni por idealizar el pasado. Pasa por construir —literalmente— un nuevo futuro para Ibiza.