Hay ocasiones en las que lo de que no hay peor ciego que el que no quiere ver, se ajusta a la pura realidad. Son constantes las referencias a la problemática de la vivienda en toda España, pero que nadie tenga la menor duda de que la situación en Eivissa y Formentera es con total seguridad la peor y más grave de todas. Aquí es más necesaria que en ningún otro lugar una rápida y efectiva intervención de las administraciones públicas para controlar la tremenda especulación del sector inmobiliario.
Los precios de venta o alquiler están desbocados y en el denominado mercado libre no dejan de subir y subir. Hay un apunte global que por supuesto se agrava en nuestras islas y no es otro que el paulatino incremento del número de hipotecas, de la mano de las recientes bajadas de los tipos de interés. El valor medio de esas hipotecas está a día de hoy en 400.000 euros y a pesar de la importancia de esta cifra, poquísimas oportunidades hay de poder encontrar una vivienda a ese precio en nuestras islas; aquí el precio habitual está claramente por encima de esa cantidad.
Durante décadas y por parte de los poderes públicos de diversos colores políticos, no ha existido una política real de vivienda pública. Desde la derecha tradicionalmente se ha venido dejando el tema en manos del libre mercado y por parte de la izquierda, la escasa promoción de vivienda de protección nueva ha sido claramente insuficiente. A esta falta real de atención en cuanto al problema habitacional, se sumó en su momento la aparición y yo diría que promoción por parte de la administración, del nefasto negocio del alquiler turístico de la vivienda residencial.
Tal como he dicho, la derecha nunca ha mostrado el menor interés real en promocionar lo que podemos denominar la vivienda pública. En el caso de la izquierda y cuando se le empezaron a ver las orejas al lobo, tampoco se aposto en ningún momento por mantener un control real de la situación inmobiliaria. La práctica totalidad de promociones de VPO que se ejecutaban, se destinaban a la venta y no al alquiler, con lo que el número de viviendas de titularidad pública que administrar y controlar en ningún caso aumentaba, ya que acababa en manos privadas y no siempre de quienes más lo necesitaban.
Algún intento de trabajar en el fomento y posible incremento del stock de vivienda, se vio rápidamente aparcado y olvidado en los cajones. Sirva como ejemplo, el intento de descentralizar la actividad pública en materia de vivienda que en 2015 se inicio con la apertura de delegaciones del IBAVI en todas y cada una de las islas. Propuesta que una vez puesta en marcha en el primer año del gobierno de Armengol, fue descaradamente desmontada por parte del mismo gobierno progresista a raíz de un cambio en la titularidad de la Conselleria responsable. De nuevo se volvió a la insuficiente política de construcción de vivienda nueva.
A lo largo de los años han ido apareciendo supuestas brillantes propuestas que debían suponer un salto cuantitativo en el stock de vivienda pública, si bien todas ellas han ido quedando en simples anuncios sin resultado positivo real. El mercado libre ha ido devorando cualquier idea que haya podido aparecer y que mínimamente le pudiera afectar.
Es del todo inconcebible que durante años, las administraciones con gobiernos de derechas de las Pitiusas, se hayan negado sistemáticamente a la cesión de terrenos para la construcción de vivienda pública y que ahora milagrosamente todas ellas dispongan de terrenos para destinarlos a ese mismo uso. Del mismo modo hay que recriminar la absoluta falta de interés público real para avanzar en proyectos que podrían ser de suma importancia en la lucha actual. El proyecto de 532 viviendas en Ca n’Escandell o el edificio/residencia a construir junto a la actual Comisaria de Policía, son dos casos claros de ineptitud política, imputable claramente a la priorización de los intereses de cada uno de los partidos que han gestionado la vida pública durante todos estos años. El uno por el otro y la casa sin barrer.
A día de hoy, el problema sigue siendo el mismo en cuanto a la capacidad de actuación de las administraciones, es nula e inexistente. Cada uno hace la lucha por su cuenta, despreciando al rival y sin querer darse cuenta que el inicio de la solución a la grave problemática habitacional que sufrimos en estas islas, solo llegará cuando exista la voluntad y capacidad para aplicar ideas y propuestas de diversa índole política. Tenemos un gravísimo problema social, que ya afecta directamente a los sectores empresarial, económico y laboral.
La incapacidad de ver más allá de sus propias narices de quienes nos representan en las diversas instituciones, hace que año tras año se agrave la situación y no se vea una capacidad y voluntad real de atacarla. Se nos viene encima una nueva temporada de verano, los graves problemas son reales y van en aumento; la capacidad para atacarlos y solucionarlos sigue desaparecida. Aquí siguen ganando los de siempre, los especuladores que solo buscan llenar sus bolsillos y ven que nadie es capaz frenarlos, por lo que siguen frotándose las manos.