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Gobernar sin capacidad de decisión real

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Por mucho que algunos se empeñen en vendernos sus maravillosas capacidades para gobernar las instituciones a partir de un gobierno en minoría, está más que demostrado que ello no es más que una clara y simple utopía. Y en estos casos no se trata de atacar a un partido de derechas o de izquierdas, ya que en ambos casos se viene utilizando la misma táctica engañosa.

Cuando un partido tiene la responsabilidad de gestionar una institución y a la hora de tomar decisiones y llevar adelante su propio programa electoral tiene serias dificultades por carecer de la correspondiente mayoría absoluta, no cabe duda de que se ve abocado a depender de otros que son quienes tienen la paella por el mango.

Cuando aparecen discrepancias entre quienes gestionan y quienes acaban decidiendo, suelen ser estos últimos quienes se llevan el gato al agua. En nuestras islas tenemos el ejemplo más claro de que lo que acabo de escribir es la pura y dura realidad. La soledad del PP con Marga Prohens a la cabeza, desde la ruptura del pacto que al inicio de legislatura firmó con la extrema derecha, es más que manifiesta. La escenificación de las discrepancias entre los socios salió a la luz durante la tramitación parlamentaria de los presupuestos de 2024, donde los zarpazos de Vox a la propuesta inicial acabaron siendo una realidad. En aquel momento el PP claudicó y acabó plegándose a las exigencias de la ultraderecha pudiendo con ello sacar adelante los presupuestos.

El pasado mes de diciembre y ya con el pacto inicial roto, Prohens y su Govern se vieron abocados de nuevo a depender de lo que pudieran decidir los que ellos mismos denominaron sus «socios prioritarios», es decir los diputados de Vox. Ante la falta de acuerdos se decidió no presentar en el Parlament el proyecto de presupuestos para el presente año, con lo que ya llevamos casi seis meses con las cuentas de 2024 prorrogadas. Desde enero hasta ahora el PP ha defendido que seguía negociando con los extremistas con la esperanza de poder acabar aprobando los presupuestos de este ejercicio.

Ahora se afirma que han llegado a un acuerdo y que esperan aprobar las nuevas cuentas en breve. Ello será posible en su caso, por haber acabado admitiendo las propuestas y exigencias de Vox. Cuando se desgranen las cifras de cada partida económica, comprobaremos donde se han producido esas concesiones. Ahora bien, estos últimos días se ha dado una circunstancia que escenifica con meridiana transparencia que el Govern está condicionado y sin capacidad de defender ni tan siquiera lo que hasta la fecha había defendido.

El Presidente del Parlament, el diputado de Vox Gabriel Le Senne, seguirá ostentando este cargo con el apoyo incondicional del PP y ello, a pesar de que próximamente acabará sentado en el banquillo de los acusados, por un presunto delito de odio. El partido al frente del Govern se ha posicionado junto a Vox, votando en contra de llevar a pleno la propuesta de suspensión de las funciones de Le Senne como Presidente de la Cámara Autonómica, incluso después de haberse dictado apertura de juicio oral contra este. Que no les quepa ninguna duda de que se trata de una exigencia de la extrema derecha, ante quien el PP ha acabado arrodillándose de nuevo.

El caso es más grave si cabe, ya que en su momento y siendo Presidente del Parlament Pere Rotger del PP, tomó la decisión, sin duda acertada, de dimitir de su cargo al verse involucrado e imputado en 2012 en el denominado Caso Over, si bien acabo siendo absuelto tres años después. Rotger entendió que por el hecho de estar imputado, no podía seguir ostentando el cargo que ocupaba en ese momento y que debía apartarse para no perjudicar el buen nombre de la institución Autonómica. Más de diez años después, las cosas han cambiado sustancialmente y ahora lo único que prima es la posibilidad de sacar adelante unos presupuestos, importando muy poco el buen nombre del Parlament.

Pero esta situación bochornosa no se da solo en la derecha. El actual Gobierno del Estado, presidido por el Psoe y con Sumar como socios, también está permanentemente condicionado por Junts, un partido independentista catalán, que desconoce el significado de las palabras «interés general», persiguiendo única y exclusivamente su propio interés. También es esta una situación rocambolesca, puesto que Sánchez está condenado a gobernar con las manos atadas y la decisión de desatarlas o no, depende de lo que en cada momento se le antoje a un partido de derechas independentista. En este caso el Gobierno del Estado también se ve abocado a no poder llevar adelante buena parte de sus propuestas electorales, viéndose permanentemente condicionado por las rocambolescas decisiones adoptadas por el grupo parlamentario de Junts.

Unos y otros son víctimas de la misma circunstancia que condiciona todas sus decisiones, las exigencias de quienes juegan siempre a la contra y chantajeando. Tanto el Govern Balear como el Gobierno del estado son esclavos de políticos impresentables.

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