Cuando una ley entra en vigor, rara vez produce efectos inmediatos. Sin embargo, desde la aprobación por parte del Parlament de les Illes Balears de la normativa que regula la entrada de vehículos a Ibiza, se han dado pasos firmes que permiten vislumbrar un cambio real en el modelo de movilidad de nuestra isla. Es un comienzo, pero también un punto de inflexión que marcará el futuro.
No ha sido fácil ni lo será, pero ahora, más que nunca, es imprescindible regular la saturación de unas infraestructuras viarias limitadas y garantizar la convivencia entre los residentes que quieren seguir disfrutando de su entorno y los visitantes que, durante unos días, vienen a descubrirlo.
Desde hace años, el presidente Vicent Marí ha defendido con convicción la necesidad de esta medida: tenía y tiene toda la razón. Nuestras carreteras, nuestros espacios públicos y nuestra capacidad logística tienen límites y cuando algo es finito y está en peligro de explotación, debe regularse. No se trata de ideología, sino de sentido común y responsabilidad institucional.
El crecimiento exponencial del número de vehículos hacía prever un colapso inminente con serias dificultades de movilidad en muchas zonas de la isla durante los meses punta. La aplicación de esta ley no busca castigar ni limitar la actividad económica, sino precisamente preservarla. Exprimir el territorio sin control lleva al deterioro del destino turístico, y eso sería una condena para todos.
Las grandes navieras, algunas empresas de alquiler de vehículos o incluso organismos como la CNMC o AENA pueden ver en esta regulación una amenaza para sus intereses, pero, el verdadero interés que hay que proteger es el general: el de los residentes, el de los autónomos y empresarios que quieren seguir trabajando aquí dentro de diez años dando servicios de calidad, y el de los turistas que buscan una experiencia a la altura de sus expectativas.
A pesar de que en este primer año no ha sido posible desplegar todos los recursos necesarios, en menos de seis meses se han logrado avances fundamentales: se ha realizado un estudio serio de capacidad viaria, se ha aprobado un sistema de cupos, se ha diseñado un algoritmo pionero para el reparto de autorizaciones y, lo más importante, se ha comenzado a aplicar la ley sancionando a quienes la incumplen.
El Consell de Eivissa sabe que gobernar es asumir responsabilidades y esta ley, impulsada desde la voluntad política de Vicent Marí, no es una ocurrencia, sino una respuesta a una urgente necesidad. El futuro será más habitable y sostenible si seguimos este camino, porque las leyes que piensan en las próximas generaciones —y no solo en las próximas elecciones— son las que de verdad transforman un territorio.