Que el parque de vivienda pública en nuestro país es francamente ridículo, es algo de sobras conocido por todos. Desde que el tema del acceso a una vivienda es uno de los grandes problemas en todo el estado, si bien es especialmente grave en las Pitiusas, vemos, escuchamos y leemos en todos los medios de comunicación comentarios relativos a la gravedad del asunto y por supuesto innumerables anuncios relativos a propuestas que van a ser la panacea para salvar la crítica situación.
Lo cierto es que por mucho que se quiera aparentar lo contrario, no parece que exista voluntad real de plantear propuestas que verdaderamente busquen la solución rápida al asunto. Desde todos los sectores que tienen relación directa con la crisis habitacional que padecemos, se mantiene la misma tónica. Se siguen dando entrevistas y ruedas de prensa para hacerse eco de la gravedad del momento por el que nuestras islas están atravesando y que sistemáticamente tienen como telón de fondo el problema del acceso a la vivienda. En ese punto coinciden todos, ahora bien cuando llega la hora de aportar soluciones la citada unanimidad de criterio se rompe y sin la menor capacidad de coordinación cada uno anuncia su propia propuesta, sin que hasta la fecha cada una de ellas por separado haya conseguido el menor atisbo de mejora.
Hace unos días podíamos leer alguna entrevista al máximo responsable de la lucha contra el intrusismo del Consell Insular d’Eivissa en la que por un lado se vanagloriaba del cobro de algunas sanciones impuestas a los pisos turísticos ilegales y por el otro, afirmaba con contundencia que acabar con este tipo de negocio ilegal no tendría ningún efecto en el control del precio de los alquileres en la isla. Como vemos se siguen haciendo anuncios que no tienen relevancia alguna a la hora de mejorar la situación, pero se pretende con ellos hacer llegar un mensaje irreal sobre pasos positivos que se van dando poco a poco.
Por un lado, se sigue sin querer ver que la simple eliminación de determinados anuncios de ciertas páginas de internet no suponen ningún avance real en la lucha contra este tipo de piratería, ya que sigue habiendo cientos de formulas alternativas para publicitar su negocio ilegal. Y por otro lado siguen empeñados en resaltar que la mejor arma disponible es la sanción económica, sin reconocer que ese tipo de expediente sancionador puede afectar al propietario de un solo piso de alquiler ilegal, pero ni tan siquiera hace mella en los intereses de los grandes inversores que tienen numerosas viviendas dedicadas a esta actividad. No es suficiente con acabar con esta actividad ilegal, por un lado hay que acabar con la actividad reglada también y al mismo tiempo establecer y aplicar formulas para que estas viviendas dejen de permanecer cerradas y salgan al mercado del alquiler teniendo la capacidad de controlar los precios, evitando con ello la especulación.
Otro anuncio de los que no resuelve nada a corto ni a medio plazo, tiene relación con la rueda de prensa para dar a conocer el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Sant Antoni. Posiblemente el aspecto más resaltable de este anuncio es la propuesta de 20.000 futuras nuevas viviendas, con el compromiso de que el 5% de las mismas serán de precio limitado. De entrada reseñar que 1000 viviendas que no se sabe ni cuándo se van a construir, ni cuál será su precio real, no son garantía de nada y desde luego en nada ayudan con el problema actual.
Otro aspecto que se ha querido vender como un logro, es que ese nuevo PGOU será un elemento de protección frente a la presión turística sobre el suelo residencial y que garantizará el acceso a una vivienda digna. Eso resulta tan absurdo que ni los políticos que han presentado dicho avance, ni los propios técnicos que lo han redactado se lo pueden creer. Que 19.000 nuevas viviendas sin limitación de ningún tipo en su precio de venta y sin voluntad alguna de establecer sistemas de control efectivos en cuanto a los precios de alquiler, ni formulas que garanticen su salida al mercado tradicional de alquiler, no son más que pura entelequia. Que nadie olvide que según el último estudio del INE publicado, en Sant Antoni prácticamente el 20% de sus viviendas actuales están vacías todo el año, hablamos de más de 2.300 de esas viviendas.
Los citados, no son más que un par de ejemplos de planteamientos de cara al futuro, que a pesar de lo que se pretende hacer creer, no resuelven nada de la dramática situación habitacional que se vive en estas islas y que tan solo demuestran una vez más la incapacidad real y la total falta de voluntad para solventar esta gravísima problemática.
Mientras los partidos políticos se siguen apedreando entre ellos y solo sale de sus bocas el «y tú más», la realidad es muy distinta, los ciudadanos de a pie siguen sufriendo las consecuencias de decisiones del pasado que esos mismos responsables políticos tomaron y que ahora se ven incapaces de revocar y reconducir con ello la situación.