Una vez cada cuatro años, como es habitual en otros procesos electorales, los guardias civiles estamos llamados a participar en la elección de los que serán nuestros representantes en el Consejo de la Guardia Civil el siguiente cuatrienio. Se celebrarán los días 28 y 29 de octubre.
Aunque las funciones del Consejo están tasadas por Ley, la existencia de este órgano colegiado tiene una importancia fundamental para mejorar las condiciones laborales de los guardias civiles, así como el funcionamiento del Instituto Armado.
En él, la Administración debe poner en conocimiento, y oír, a las asociaciones profesionales representativas respecto a las disposiciones legales o reglamentarias que se pretendan dictar sobre materias diversas; el estatuto profesional y régimen disciplinario del Cuerpo, las condiciones de trabajo, el régimen retributivo, los programas de enseñanza y planes de formación, el régimen de permisos, vacaciones y licencias y, en general, cualesquiera asuntos que afecten a los aspectos sociales, profesionales y económicos de los guardias civiles.
Por supuesto, también las asociaciones realizan propuestas, analizan y valoran las planteadas por cualquier miembro del Cuerpo, las estadísticas sobre accidentes y enfermedades profesionales, índices de siniestralidad y de absentismo, etc.
No faltan motivos para participar en la elección de los nuevos representantes que serán la voz de todos los guardias civiles frente a la Administración. Hoy, como siempre, hay multitud de cuestiones que preocupan y nos ocupan. Desde la equiparación salarial con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad autonómicas y el reconocimiento de la profesión de riesgo, con la consecuente jubilación anticipada, pasando por la aplicación de turnos de trabajo y el establecimiento de índices correctores como en la Policía Nacional. Ante el aumento de agresiones, aún no se entiende por qué no se mejora la protección penal de los agentes ni se les considera Autoridad, como a profesores o médicos. También se echan en falta medios materiales modernos y renovados, acordes a los peligros y necesidades del tiempo en que vivimos. Las dietas, congeladas desde hace años que no compensan los gastos de alojamiento y manutención. Seguimos bajo el yugo del Código Penal Militar, que debería aplicarse solo cuando se desarrollen funciones propiamente militares, carecemos de un seguro de responsabilidad civil, sin tener una formación y actualización adecuadas, y un largo etcétera de cuestiones.
En las Islas Baleares, además, tenemos un falta de personal estructural, una carestía de la vida y de la vivienda insoportable, una carencia de cuarteles importante, ausencia de reconocimientos médicos, un plus de insularidad irrisorio congelado desde hace veinte años, que complican prestar un servicio de calidad, ahora afectado por la creciente arribada de inmigrantes ilegales.
Un sinfín de cuestiones y retos que tenemos por delante, ante los que seguiremos trabajando con el mayor de los ímpetus, con el convencimiento de que nuestras reivindicaciones, que son las de nuestros compañeros, llegarán tarde o temprano a buen puerto. Ganas no nos faltarán.