El Gobierno de España presentó hace meses el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, una norma que pretende ordenar el futuro del transporte público.
El texto que llegó al Senado mantenía un preocupante silencio sobre la realidad insular y también sobre la importancia que el transporte público tiene en territorios como el nuestro. Nada sobre las dificultades que representa vivir en una isla, nada sobre el esfuerzo adicional que asumen las familias y los trabajadores, nada sobre la obligación del Estado de compensar esa desventaja estructural, donde el transporte resulta una condición imprescindible e irrenunciable.
Es cierto que esa falta de atención contrasta con el comportamiento de las instituciones locales. El Consell Insular de Ibiza ha hecho su parte para que la gratuidad del transporte público no se pierda. Ha reservado siete millones de euros en el presupuesto de 2025 para mantener el servicio gratuito y garantizar que los usuarios con tarjeta puedan seguir viajando sin coste.
Pero volvamos a la tramitación de la ley en el Senado. El Grupo Izquierda Confederal propuso una enmienda a la ley que buscaba garantizar la gratuidad del transporte público en Baleares. A pesar de no ser una propuesta cerrada y de dejar cuestiones por concretar en su desarrollo, representaba un primer paso para corregir una situación injusticia que tanto Marga Prohens como Vicent Marí venían denunciando, pues a las instituciones por ellos gobernadas les correspondió asumir una gratuidad que el Estado no financiaba adecuadamente.
La enmienda se votó en el Senado y, de manera incomprensible, el PSOE la votó en contra. Y lo hizo con una clara y doble intencionalidad: impedir que la medida saliera adelante y cumplir las órdenes de Pedro Sánchez. Alguien en el PSOE ibicenco tendrá que explicar que un partido con representación en Ibiza y Formentera, en las Islas Baleares en conjunto, se opusiera a una iniciativa que beneficia directamente a su tierra y a su gente.
Y más aún cuando el Senado es, por definición, la cámara de representación territorial, el espacio donde deben escucharse las voces de las islas, de las provincias y de las comunidades que componen España.
Afortunadamente, la mayoría absoluta del Partido Popular permitió que la votación fuera favorable y la enmienda saliera adelante. De no haber sido así, el PSOE se hubiera salido con la suya y Pedro Sánchez también.
Llegado a este extremo, la conclusión de todo es clara. De esa votación se desprende una forma de hacer política en la que se impone la lealtad al líder sobre la lealtad a la gente. En este caso se prioriza el cálculo partidista sobre el compromiso con la tierra a la que se representa.
Y es que en la política, como en la vida misma, hay que situarse en el lado correcto del tablero. Probablemente no sea ni el lugar más cómodo ni el más fácil, pero sí el que mantiene la coherencia. Porque una cosa es estar del lado del poder y otra del lado de los principios. Y frente al poder, siempre los principios.
La ley sigue ahora su recorrido parlamentario, con la enmienda incorporada definitivamente al texto aprobado por el Senado. El Senado y la mayoría del Partido Popular así lo ha querido. Corresponderá ahora al PSOE volver a decidir si mantiene o elimina en el Congreso una medida que ha nacido precisamente para corregir una injusticia con las islas. Una oportunidad más —y probablemente la última— para decidir si quieren seguir del lado del poder o del lado del territorio.