Charles Louis de Sencondat fue un jurista, filósofo y político francés conocido popularmente por el título nobiliario de barón de Montesquieu que heredó de su tío. Entre sus múltiples obras, fruto de su pensamiento ilustrado, destacó El espíritu de las leyes, publicada anónimamente en 1748, que contribuyó de forma relevante a la construcción de la teoría sobre la separación de poderes que inspiró el constitucionalismo democrático a nivel mundial poniendo fin a la clásica estructura feudal imperante.
La idea, que no está de más recordar, se concreta en que el poder administrativo está compuesto por el Ejecutivo, que debe ejecutar las resoluciones públicas, el Legislativo, que debe hacer las leyes, y el Judicial, que debe juzgar los crímenes o disputas entre individuos. Los tres deben necesariamente mantenerse separados para evitar que uno ejerza influencia sobre los demás porque, como indicara Montesquieu en su estudio, «no hay libertad si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva» por cuanto «si estuviese unido a la potestad legislativa el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario debido a que el juez sería el legislador. Si se uniera a la potestad ejecutiva el juez podría tener la fuerza de un opresor». Vamos, que cada uno a sus labores y Dios en la de todos.
Pues bien, ya conocen que, como las interminables obras de La Sagrada Familia de Barcelona, el Parador Nacional de Ibiza o el Nou Mestalla de Valencia, la nueva sede judicial de Sa Graduada se encuentra sin finalizar cinco años después y lo que te rondaré morena. De hecho, hasta hace poco nadie podría adivinar, al contemplar desde el exterior su acristalada fachada, que se encontraba ante la sede principal de los Juzgados de Ibiza y Formentera. Ni un solo cartel anunciaba su condición de edificio público destinado a ejercer la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Ni tan siquiera a día de hoy ondean las banderas oficiales propias en estos casos sobre alguna de sus cornisas. Pero el pasado 26 de septiembre tanto el nuevo edificio judicial como la torre del CETIS donde se ubican los juzgados de primera instancia amanecieron con una alargada placa de metacrilato que recogía sobre un fondo blanco la nueva denominación de «Tribunal de Instancia de Eivissa/Tribunal d’Instancia D’Eivissa» que desde año nuevo recibirá la innovadora organización judicial ideada para atajar ilusoriamente los problemas endémicos de la Administración de Justicia. El contrato para la fabricación e instalación de los 165 carteles exteriores en las sedes judiciales de las Comunidades Autónomas sin competencia transferida en justicia se adjudicó a ROTULOSMALLORCA SLU por la nada desdeñable cantidad de 44.649 euros, habiéndose instalado 19 en las sedes baleares, dos de ellos en Ibiza.
El problema estriba en que, junto a ello y sobre un fondo amarillo más destacado, se inserta el escudo del Estado con la desafortunada leyenda de «Gobierno de España», algo similar a lo que ha ocurrido en aquellas sedes judiciales ubicadas en territorios con competencia transferida en materia de justicia en las que también se ha grafiado la denominación del gobierno autonómico de turno. Incluso esta nueva cartelería se ha instalado en edificios judiciales que albergan tribunales cuya denominación no se ve alterada por la reforma, como las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia o la mismísima Audiencia Nacional. Hasta se han anclado a fachadas de edificios protegidos por su interés cultural o histórico como el destinado a la Audiencia Provincial de Toledo o en la casa señorial de Can Berga que acoge al Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. Y todo ello sin consulta alguna a los órganos de gobierno de los tribunales afectados cuando algo tendrían que decir en este tipo de decisiones.
Es cierto que es una mera cuestión de matiz, pero no por ello deja de ser algo relevante y premonitorio, cuando no premeditado. Un detalle aparentemente insignificante que en realidad escenifica de forma intencionada una evidente ruptura del principio de independencia y de unidad jurisdiccional en los términos previstos por el artículo 117 de nuestra Constitución. Porque, como ya dejara claro Montesquieu, el Poder Judicial ejerce sus funciones con plena independencia respecto de los otros dos a pesar de que su falta de autonomía presupuestaria conlleve que el servicio público de justicia dependa de los recursos personales y materiales que suministre el gobierno central o autonómico correspondiente. Pero identificar a los tribunales de justicia con los respectivos gobiernos a través de la impresión de sus logotipos en las fachadas de los juzgados proyecta y transmite a la ciudadanía que accede a sus servicios una visión de pertenencia y subordinación al Poder Ejecutivo que devalúa y atenta su necesaria independencia. Véase que la cartelería instalada, con el mismo modelo de señalética, es idéntico al previsto para los servicios propios de la Administración del Estado prestados por organismos dependientes del Ejecutivo.
Se trata, sencillamente, de unos carteles improcedentes, innecesarios e invasivos que inducen a confusión sobre la naturaleza de estos edificios, así como sobre la autonomía e independencia de la potestad jurisdiccional que se ejerce en su interior, poniéndose en entredicho la necesaria separación de poderes que debería existir por mandato constitucional y como garantía democrática de la actividad judicial. Por eso resulta más necesario que nunca recordar, utilizando las propias palabras de Montesquieu, no solo que «la justicia es la base de la sociedad» y que «para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder», sino que «todo estaría perdido cuando el mismo hombre o el mismo cuerpo, ya sea de los nobles o del pueblo, ejerza esos tres poderes». Vamos, lo mismo que escribiera Tolkien con aquello de «un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras». Pues eso.