Los políticos de todos los colores, siguen tomando por tontos a nuestros ciudadanos y está sobradamente comprobado que ello es así. Basta que cualquiera de nosotros haga un breve repaso de todo lo prometido durante las campañas electorales y los numerosos compromisos de futuro que en ellas se suelen adquirir por parte de todos los partidos que participan en las mismas. De esa forma tan sencilla se comprobará fácilmente que la mayor parte de las promesas y compromisos acaban en el nefasto cajón de los olvidos.
Ese tradicional olvido de la práctica totalidad de lo anunciado en esas campañas, viene siendo la tónica general y por ello el resultado legislatura tras legislatura acaba siendo el mismo; una buena parte de los graves problemas que nos acucian como sociedad acaban enquistándose y siguen esperando una solución. Mientras, los vencedores en los comicios electorales y los perdedores que quedan en la oposición, se enzarzarán durante cuatro años más en sus burdos intereses de partido, dejando de lado los graves problemas que afectan al grueso de nuestra sociedad y que requieren de una urgente solución.
Hemos llegado al extremo de que una legislatura en política, solo sirve y se utiliza por parte de los partidos políticos para buscar la forma de mantener el poder a toda costa por una parte, o abandonar la oposición por la otra. El compromiso de gestionar los intereses de la sociedad en su conjunto, de aquellos que les hayan votado y de los que no lo han hecho, queda relegado y condenado al olvido más descarado. La tomadura de pelo a los votantes también se enquista, igual que ocurre con el listado de problemas que legislatura tras legislatura quedan sin resolver.
Y si tenemos que escoger uno de esos problemas que año tras año siguen sin resolverse, sin lugar a dudas este ha de ser el del acceso a una vivienda. Está más que comprobado que de nada sirve que ello sea un derecho recogido en nuestra Constitución, ya que al no ser uno de los considerados derechos fundamentales, no se atiende ni se trata con el respeto y con el nivel de exigencia debido, si tenemos en cuenta el gravísimo problema social que el incumplimiento de tal precepto conlleva.
Recientemente se organizó por parte del Govern Balear un acto sobre vivienda, uno más, en el que analizar la situación y ver que formulas se podrían arbitrar para solventar la gravísima situación actual. En dicho acto participó el actual Conseller de Habitatge del Govern y hay que destacar que una vez más el balance de su participación ha sido claramente decepcionante. El máximo responsable del Govern en materia de vivienda y por tanto quien tiene la obligación de trabajar para resolver la espeluznante crisis habitacional que venimos padeciendo en nuestras islas y que azota con saña y especial virulencia a los residentes en las Pitiusas, no ha sido capaz de aportar ninguna nueva propuesta que permita albergar la más mínima esperanza de futuro en su resolución.
Como cabía esperar, el actual responsable de vivienda del Govern del PP se ha limitado a defender a capa y espada las propuestas que su partido viene defendiendo tradicionalmente y que hasta la fecha lo único que han demostrado es su absoluta ineficacia. El Conseller afirma que «la solución pasa por sumar y colaborar, no por dividir…….», si bien la realidad nos demuestra que se está haciendo todo lo contrario. Cabe preguntarse ¿con quién se muestra dispuesto a colaborar? y la respuesta es clara, solo contempla la predisposición a hacerlo con el sector privado, curiosamente los máximos responsables de la situación actual que está dejando a miles y miles de personas sin posibilidad de acceder a una vivienda digna.
Se declara contrario a aplicar cualquier tipo de medida intervencionista o que pueda suponer algún tipo de restricción a la capacidad de negocio de ese sector privado inmobiliario. Las medidas aprobadas no impedirán en ningún caso que ese sector siga llenándose los bolsillos a base de explotar al ciudadano con unos precios que a pesar de la limitación, seguirán siendo prohibitivos para la gran mayoría.
Siguen demonizando la limitación y control de los precios del alquiler y siguen permitiendo que todo tipo de inversores cuyo único objetivo sigue siendo la especulación, continúen sangrando al ciudadano de a pie que necesita una vivienda en la que residir y poder establecerse. También se afirma que con las propuestas aprobadas se persigue que el residente tenga acceso a una vivienda digna, pero no se tiene en cuenta la realidad que afecta ya a estos residentes, que se ven obligados a abandonar las islas a pesar de la existencia de cientos y cientos de viviendas disponibles que permanecen cerradas; mientras crecen los núcleos de chabolas marginales.
Hay que gestionar la vivienda como lo que es, un derecho; no como un elemento de especulación o mero negocio. Hay mucho que se puede hacer, pero no se hace nada efectivo.