En política, lo habitual es la discrepancia y la controversia entre los diversos partidos políticos existentes, sobre la manera de gestionar las administraciones públicas y sobre la normativa aplicable que para ello es preciso aprobar. Desafortunadamente, dicha discrepancia entre administraciones o partidos no siempre acaba resultando beneficiosa para el interés general y puede acabar convirtiéndose en un grave problema al que habrá que hacer frente en el futuro, si es que no acaba siendo demasiado tarde para ello.
La lógica nos dice que, en aplicación de un mínimo de responsabilidad social exigible, a la hora de legislar y gobernar, cualquier administración debería tener en cuenta las decisiones erróneas del pasado para no acabar tropezando en la misma piedra una vez tras otra. Con esta premisa, me parece que vale la pena prestar un poco de atención a un tema que, si bien puede parecer un mero tema de controversia sectorial, lo cierto es que puede llegar a tener un trasfondo que vaya mucho más allá. El tema al que me refiero es la aprobación, a finales de diciembre de 2025, por parte del Gobierno del Estado, de un real decreto por el que se permitirá, durante un periodo de tres meses al año, el alquiler comercial de embarcaciones privadas (denominadas lista séptima) y que afecta, tal como está aprobado, a la totalidad del territorio de nuestro país.
La controversia, debate, discusión o como quiera llamársele, surge entre el Gobierno del Estado y el Govern Balear, al haber aprobado este último un decreto mediante el que se prohíbe el alquiler turístico de embarcaciones de uso privado. El citado decreto autonómico se opone radicalmente a lo que se aprobó a finales de 2025 por parte del ejecutivo estatal. Se trata de una discrepancia de criterio que, en principio, no parecería nada extraña, tratándose de dos gobiernos de distinto color político, el estatal progresista y el autonómico de derechas. Ahora bien, lo cierto es que la cuestión va más allá del ideario básico de la derecha o de la izquierda.
La idea de poder alquilar para uso turístico las embarcaciones de uso privado no es en absoluto nueva, ni acaba de surgir hace unas semanas; ese es un tema que ya se lleva barruntando desde Madrid hace algunos años y que, entonces, la izquierda que gobernaba en nuestras islas no veía con buenos ojos. Por lo tanto, cualquier cosa que se estuviera pensando en esta línea y que ha acabado en el real decreto mencionado anteriormente, ha tenido tiempo más que suficiente para ser convenientemente negociado, en cuanto al texto definitivo del mismo.
El real decreto en cuestión en nada favorece los intereses generales de nuestra comunidad autónoma, pudiendo favorecer únicamente a aquellos propietarios de una embarcación de uso privado y, por el contrario, pudiendo perjudicar un entorno insular como el nuestro, del que tenemos derecho a disfrutar todos los que aquí residimos, no solo aquellos que disponen de una embarcación. Sin ánimo de entrar en según qué tipo de debates sobre la validez de una normativa o de otra, lo cierto es que parece ser que hubo un compromiso previo de aprobar una excepción específica para Baleares, cosa que no ha ocurrido. Ahora se anuncia, por parte de los diputados en el Congreso, un futuro real decreto con dicha excepción a aprobar antes de la llegada de la próxima temporada estival.
A partir de todo ello surge una pregunta: ¿qué urgente necesidad hay que justifique la autorización del alquiler turístico de embarcaciones de uso privado? Sinceramente, creo que hay cuestiones mucho más urgentes y problemáticas que resolver que esta y, de momento, aquí siguen sin solución a la vista.
Ante tal discrepancia entre administraciones, se me viene irremediablemente a la cabeza una decisión muy similar que se tomó hace más de veinte años: la autorización para que las viviendas residenciales se incorporaran a la actividad turística. Lo que se construyó para que los residentes tuvieran donde vivir dignamente, pasó a ser una parte más del negocio turístico, dejando con el tiempo a una buena parte de la sociedad sumida en una gravísima crisis habitacional sin precedentes.
Resulta difícil llegar a comprender cuál es la imperiosa necesidad de incorporar más embarcaciones al negocio del alquiler turístico náutico, estando, como ya está, buena parte de nuestro litoral saturado de embarcaciones, poniendo en muchas ocasiones en peligro nuestros propios bienes naturales. Como se ha dicho en tantas ocasiones, nuestro territorio insular y todo el mar que nos rodea es único, particular, muy valioso y extremadamente frágil; por ello, hay más necesidad de protegerlo y preservarlo que de saturarlo y abusar del mismo.
Lo que ahora puede parecer una decisión sin demasiada trascendencia, puede desembocar en un gravísimo problema en el futuro, como ha ocurrido con el alquiler turístico residencial. Parece necesaria una reflexión sobre errores cometidos en el pasado y de graves consecuencias y, definitivamente, no parece apropiado seguir cometiéndolos.