El proceso de regularización extraordinaria de extranjeros abierto por el Gobierno de Pedro Sánchez, evitando que pase por el Parlamento tras un pacto con Podemos, ha abierto un debate social muy interesante. Lástima que pocos lo aborden de forma constructiva y la mayoría de reflexiones se haga desde la visceralidad y el odio. Leo en estas páginas unas líneas que describen la medida como una invasión de 500.000 «piratas berberiscos» que «huyen de un pasado oscuro y criminal» y que traen el sarampión.
Destruyen, dice, «empleo digno con personas de rito islámico y difícil asimilación, depredando nuestro agonizante estado de bienestar y derechos». No es verdad, porque siete de cada diez inmigrantes irregulares en España provienen de Sudamérica, mayoritariamente Colombia, Perú, Honduras, Venezuela y Paraguay. Pero da igual porque se trata de enfrentar a los ciudadanos. La inmigración ilegal es un problema real y complejo que tensiona los servicios públicos, impacta en el mercado laboral, dificulta la convivencia y enriquece a los traficantes de seres humanos.
Negarlo es absurdo, pero exagerarlo, deformarlo y envolverlo en fantasías históricas y conspirativas es irresponsable. Cuando se habla de «asaltantes», «piratas», «botines a saquear» o de culturas donde «la violación no es delito», se está fabricando un enemigo. Y eso, lejos de ayudar a gestionar un fenómeno complejo, lo envenena. Usa la historia del Mediterráneo, con sus razias, esclavitud y violencia, para legitimar el miedo. El debate migratorio exige algo que escasea: datos, políticas eficaces y coraje político; no insultos ni caricaturas. Requiere reforzar fronteras sin renunciar al Estado de derecho; combatir mafias sin criminalizar a quien huye; exigir deberes a quien llega sin negar derechos básicos. El miedo vende y el odio moviliza, pero no construyen soluciones.