Hace unas semanas, y justo tras el grave accidente ferroviario en Córdoba que le costó la vida a más de 40 personas, el presidente Pedro Sánchez hizo el anuncio de la regularización ‘exprés’ de medio millón de migrantes que ya estaban en el país a 31 de diciembre del año pasado (eso según la cifra oficial que maneja el Gobierno, que previsiblemente serán bastantes más). En Baleares, el Govern ya ha manifestado su rechazo frontal a la propuesta. En el caso de Ibiza, los socialistas ya han afirmado que la medida beneficiaría a unas 3.000 personas que ya están en la isla. Tras este anuncio ya se han empezado a ver largas colas en oficinas de extranjería y en consulados, sobre todo en grandes ciudades y no tan grandes, como es el caso de Palma, para pedir información sobre los trámites para realizar esta regularización. Ya han empezado a trascender, además, artimañas para intentar saltarse los pocos requisitos que ya de por sí exige el Gobierno. Así, la Policía Nacional ha emitido una alerta interna recordando los criterios de actuación al detectar un aumento del 60% de las denuncias relacionadas con la supuesta pérdida del pasaporte por parte de ciudadanos extranjeros que quieren acogerse a la regularización extraordinaria de migrantes. A ello se suma una redada ejecutada por la Policía Nacional tras una denuncia anónima por la cual se ha desmantelado un sistema de distribución y venta de nóminas, contratos de alquiler y hasta certificados de vacunación falsos a migrantes que no cumplen los requisitos para acogerse a la regularización. A la vista de estas informaciones, y otros muchos detalles que a buen seguro se están escapando de la opinión pública, es más que evidente que se avecina un caos que será difícil de gestionar.
Opinión
Caótica regularización exprés
María José Real | Ibiza |