Estos últimos días ha estado en Eivissa exponiendo sus teorías sobre la problemática de la vivienda en las Pitiusas el catedrático de Derecho Civil de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre. Lo ha hecho en unas jornadas sobre la materia organizadas por el Colegio de Arquitectos y en alguna que otra entrevista concedida a medios de comunicación. El catedrático en cuestión lleva ya algunos días siendo el centro de la noticia en nuestras islas, por ser uno de los dos firmantes de un informe encargado por el Govern de Marga Prohens sobre la misma materia, es decir, la vivienda.
Este catedrático es conocido fundamentalmente desde hace algunos años por ser el azote de la Ley de Vivienda Estatal y, por tanto, contrario a cualquier tipo de intrusión en el libre mercado inmobiliario a través de las leyes. Por todo ello, no resulta nada extraño que fuera la persona elegida para que redactara el informe sobre la conveniencia o no de aplicar topes a los precios del alquiler de viviendas. Vamos, que a Prohens se le ha visto demasiado el plumero.
Este experto en vivienda afirma, entre otras cosas, que el impacto del alquiler turístico de viviendas residenciales en el precio del alquiler puramente residencial es muy, muy bajo. Para argumentar dicha contundente afirmación menciona determinados estudios sobre dicho impacto realizados hace algunos años en las ciudades españolas de San Sebastián o Barcelona, incluso en Inglaterra y Estados Unidos. Ya me dirán ustedes qué tiene que ver el impacto sobre esas ciudades y esos países con el que pueda tener en el limitado territorio disponible en una pequeña isla del Mediterráneo.
La realidad en Eivissa es que ahora mismo hay más de 4.000 viviendas residenciales dedicadas a la industria turística de forma reglada y, por tanto, fuera del mercado residencial. En una pequeña isla como la nuestra y con miles de personas buscando una vivienda en la que poder residir, creo que prescindir de esas 4.000 viviendas tiene una repercusión real mucho más impactante de lo que el experto presupone. Y ello sin contar que hay otras miles de viviendas dedicadas al negocio turístico de forma ilegal.
Otra de sus extravagantes deducciones es que desde hace algunos años solo han podido comprar viviendas los ricos, los fondos de inversión o los extranjeros con economías más saneadas que las de las familias locales. Ello unido a que, según él, se ha construido poco ha acabado provocando que esas familias que antes no podían comprar ahora tampoco puedan alquilar. Y la única responsable de tal catástrofe, según él de nuevo, no es otra que la Ley de Vivienda Estatal. Ni el menor comentario hace este catedrático sobre la permisividad legislativa tanto de la derecha como de la izquierda de este país, que acabó permitiendo que las viviendas residenciales pasaran a ser una parte más del negocio turístico, sacándolas del puro mercado inmobiliario.
Como he dicho antes, la realidad aquí es muy distinta y también es terca y pone claramente en entredicho la propuesta estrella del catedrático, que básicamente pasa por derogar el 80% o el 90% de la actual Ley de Vivienda, gracias a lo cual los propietarios de las viviendas podrían sentirse de nuevo medianamente cómodos. Sinceramente, me resulta poco creíble que esa simple derogación que propone pudiera servir para recuperar el necesario equilibrio en el negocio inmobiliario y con ello acabar con la especulación en el mismo. Sobre todo si tenemos en cuenta que la que es posiblemente la parte más dura y restrictiva de la Ley de Vivienda no se viene aplicando en Baleares y, a pesar de ello, los precios tanto para compra como para alquilar no dejan de subir y ya son de juzgado de guardia.
En una cosa hay que darle la razón al experto, a este y a otros que también lo vienen reclamando: es que hay que regular mucho mejor las garantías que se deben ofrecer a los propietarios, si bien pensando siempre y preservando paralelamente los derechos de los posibles inquilinos. Se trata de garantizar el posible rendimiento económico de los propietarios, pero que el mismo esté controlado y fuera de la especulación, defendiendo con ello también el derecho que todos tenemos a disfrutar de una vivienda digna a un precio razonable.
Dice Nasarre que hay que recuperar el sentido común en materia de vivienda. Posiblemente esto sea en lo único en lo que podría estar de acuerdo de todas sus teorías. Y, por ello, no veo dónde pueda estar el sentido común en el hecho de que más de 4.000 viviendas de forma legal y unas miles más de forma ilegal sean en nuestras Pitiusas unas instalaciones turísticas más, excluyéndolas con ello del mercado en el que deberían estar: el residencial.